En Tennessee se hicieron 600 arrestos en una semana. Se habló de “lo peor de lo peor”. Se prometió seguridad. Pero el resultado, según un reportaje basado en 50 horas de video de cámaras corporales, fue otro: solo tres delincuentes graves identificados. Y una estela de preguntas que hoy nadie en el poder parece querer responder.
El Nashville Banner reveló que durante una redada en mayo de 2025, en el sur de Nashville —una zona densamente poblada por inmigrantes— agentes de la Patrulla de Carreteras de Tennessee (THP) y oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no solo detuvieron a cientos de personas. Según las imágenes obtenidas por solicitud de registros públicos, también utilizaron lenguaje despectivo, perfilamiento racial y hasta marcaron con un Sharpie negro a los detenidos para contabilizar quién hacía más arrestos. A esa marca la llamaban, según el reportaje, “la marca de la bestia”.
El comisionado de Seguridad, Jeff Long, dijo esta semana que desconocía el informe. “No sé nada de eso”, respondió cuando se le preguntó sobre la supuesta competencia entre equipos para ver quién arrestaba más personas y sobre el marcaje en la piel de los detenidos.
Long sí reconoció estar al tanto de una demanda interpuesta por defensores de inmigrantes y refugiados relacionada con registros públicos, derivada de la colaboración entre el THP y el ICE. Pero del contenido del reportaje, nada.
El gobernador Bill Lee adoptó un tono similar tras la graduación de 18 nuevos agentes del THP. Dijo no conocer los detalles del informe, pero defendió la operación.
“Estamos muy orgullosos del trabajo que ha realizado la Patrulla de Carreteras… Tenemos una gran necesidad de encontrar a los delincuentes que están en nuestras calles, tanto inmigrantes indocumentados como legales, que estén cometiendo delitos. La seguridad pública es de suma importancia”, afirmó.
Lee subrayó que el ICE dirigió la operación y que el estado fue “socio” en el esfuerzo. Y aunque de los 600 arrestos solo tres correspondieron a delincuentes graves, el gobernador consideró que valió la pena.
“Sospecho que las familias que han sido víctimas de esos tres delincuentes graves están realmente agradecidas… y yo también”, dijo.
Pero para muchos legisladores demócratas, el tema no es solo migratorio. Es moral.
El senador Jeff Yarbro, quien representa el corredor de Nolensville Pike desde hace una década, calificó las referencias a una “cacería” y al marcaje con Sharpie como “viles” y “perturbadoras”.
“Esto debería ser repugnante para todos los habitantes de Tennessee, para todos los estadounidenses”, sostuvo. “No se trata solo de inmigración. Se trata de si creemos que nuestro gobierno debe ser honesto, que las fuerzas del orden deben actuar con profesionalismo y que los seres humanos deben ser tratados como seres humanos”.
El representante John Ray Clemmons fue más directo: “El gobernador Lee debería estar absolutamente avergonzado de estar facilitando este tipo de conducta en nuestras comunidades”.
El coronel Matt Perry, de la Patrulla de Carreteras, negó que existiera una competencia entre agentes para realizar más arrestos. Explicó que el ICE no puede efectuar detenciones de tráfico, solo los oficiales estatales, y aseguró que desconoce cualquier práctica de marcaje en la piel. También reconoció que el departamento recibe quejas frecuentes por lenguaje inapropiado y que se investigan caso por caso.
“Nos encargaremos de eso y lo abordaremos. Esperamos más de nuestra gente”, dijo sobre los comentarios grabados en las cámaras.
Pero en una era donde cada mención en línea genera alertas inmediatas, cuesta creer que el gobernador y el comisionado no supieran nada de un informe que sacudió al estado. Y aunque exista litigio pendiente, hay asuntos que no pueden barrerse bajo la alfombra.
Porque convertir a la Patrulla de Carreteras en una extensión operativa del ICE tiene consecuencias. No solo legales. Humanas.
El romance con el ICE, además, muestra fisuras.
Tras la polémica por la posible construcción de un centro de detención para 16,000 personas en Lebanon, junto a la autopista 109 en el condado de Wilson, la agencia federal retiró la propuesta. Funcionarios estatales dijeron desconocer detalles del proyecto. El senador Mark Pody incluso habló de “desinformación”.
Sin embargo, alcaldes locales confirmaron después que el plan existía. Y aunque el gobernador Lee evitó criticar a la agencia federal, admitió que el Departamento de Seguridad Nacional determinó que ese no era el camino correcto.
La pregunta ahora es otra: ¿qué condado estará dispuesto a albergar miles de detenidos si el ICE identifica una nueva ubicación? Porque más allá del discurso de seguridad, también se habla de desarrollo económico. Y no todos están dispuestos a convertir su comunidad en una prisión masiva.
Mientras tanto, en el Capitolio estatal, el senador John Stevens busca revivir un proyecto de ley que obligaría a quienes demanden al estado a demostrar daño grave para mantener su caso. Organizaciones conservadoras y libertarias advierten que esa medida debilitaría la capacidad de los ciudadanos para exigir cuentas al gobierno.
“Siempre puedes demandar”, dijo Stevens. “La pregunta es: ¿puedes ganar?”
Y ahí está el fondo del asunto.
En Tennessee no solo se debate inmigración. Se debate poder. Se debate supervisión. Se debate hasta dónde puede llegar el Estado cuando cree que tiene la razón.
Seis cientos arrestos. Tres delincuentes graves. Cincuenta horas de video. Y una marca de tinta que, más allá de la piel, deja huella en la conciencia pública.
