Memphis, Tennessee — En una mañana marcada por la expectativa y las preguntas que siguen sin respuesta, la Fiscal General Pam Bondi visitará Memphis este lunes para ofrecer una actualización crucial sobre el Grupo de Trabajo de Seguridad de Memphis, una iniciativa que ha generado apoyo, controversia y preocupación.
Bondi sostendrá reuniones con el Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Scott Turner, el gobernador Bill Lee y otros altos funcionarios estatales y federales. El objetivo: dialogar con las fuerzas del orden locales en un momento en que la seguridad pública vuelve a estar en el centro del debate.
Esta visita ocurre justo después de un giro judicial que mantiene a Memphis en vilo. La semana pasada, un juez de Tennessee ordenó bloquear temporalmente el uso de la Guardia Nacional en la ciudad; sin embargo, suspendió de inmediato su propio fallo, otorgando al gobierno un plazo de cinco días para apelar. Un día más tarde, la oficina del gobernador reaccionó rápidamente.
“El estado apelará y la Guardia Nacional de Tennessee continuará operando como parte del Grupo de Trabajo de Seguridad de Memphis mientras el caso esté en apelación, según la orden del juez”, declaró Elizabeth Johnson, directora de comunicaciones del gobernador.
Pero las cifras detrás de este despliegue han comenzado a llamar la atención. Un memorando no clasificado del Departamento de Guerra revela que el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, está dispuesto a enviar hasta 1,000 efectivos de la Guardia Nacional de Tennessee hasta septiembre del próximo año. Una presencia significativa, y también costosa.
Según el documento, mantener ese número de efectivos podría costar hasta 226 millones de dólares anuales, dependiendo del tiempo que permanezcan en servicio y la cantidad final de soldados desplegados. Una inversión que algunos consideran necesaria y urgente; para otros, un gasto cuestionable.
Hegseth argumenta que Tennessee y Memphis en particular enfrenta “una convergencia de amenazas a la seguridad pública que supera la capacidad de las fuerzas del orden locales”. Una afirmación que refleja el tono de alarma que ha acompañado estas decisiones y que deja a la comunidad preguntándose qué viene después.
En contraste. Cerca de 100 manifestantes se reunieron en la intersección de N. Mendenhall Rd. y Summer Ave. para denunciar lo que aseguran es una creciente presencia del ICE en Memphis. Para ellos, no se trata solo de vigilancia: es un ataque directo a las familias inmigrantes.
“ICE está destrozando familias y atemorizando a la comunidad hispana”, expresaron varios asistentes mientras sostenían carteles y coreaban consignas.
La protesta se da en un momento en el que el Grupo de Trabajo para la Seguridad de Memphis ha dejado de publicar cuántos arrestos corresponden específicamente al ICE. El 12 de noviembre anunciaron 2,500 arrestos, pero sin aclarar cuántos fueron realizados por agentes de inmigración. Ese silencio, dicen los manifestantes, solo aumenta la preocupación.
“Uno solo ya es demasiado”, repetían los organizadores.
El organizador comunitario José Salazar explicó por qué decidieron salir a las calles:
“Para que la comunidad inmigrante pueda decir que no está sola y que todas estas agencias federales sepan que no nos quedaremos callados y que no vamos a tolerar esto por más tiempo”, dijo Salazar con firmeza.
Vecindarios901 denunció que estos operativos contradicen las declaraciones del alcalde Paul Young y de la jefa de policía CJ Davis, quienes aseguran que su personal no participa en detenciones de inmigración.
“Están separando familias. Están discriminando contra nuestra gente. Están haciendo paradas basadas en perfil racial”, señaló el grupo, describiendo lo ocurrido como una injusticia que no se ve a este nivel en otras ciudades del país.
