El Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) ha acordado compartir información confidencial con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como parte de una nueva estrategia para localizar a inmigrantes sujetos a órdenes de deportación, según reveló este martes el New York Times.
El acuerdo, firmado el lunes y revelado a través de un documento judicial, representa un cambio significativo en las políticas tradicionales de confidencialidad del IRS, ya que usualmente la información de los contribuyentes se mantiene estrictamente protegida por ley, y solo puede ser divulgada mediante una orden judicial específica.
De acuerdo con el informe, el pacto entre ambas agencias fue autorizado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, bajo la administración del expresidente Donald Trump. Aunque aún no se ha realizado ningún intercambio de datos, el convenio ya permite que ICE solicite al IRS información sobre personas que están bajo investigación o que ya han recibido una orden de salir del país.
La versión pública del acuerdo fue divulgada con ciertas ediciones, lo que ha levantado interrogantes sobre el alcance real de la cooperación interagencial y los criterios que se utilizarán para compartir datos.
Organizaciones defensoras de derechos civiles y grupos proinmigrantes han manifestado preocupación por el precedente que esto podría sentar, ya que la utilización de registros fiscales —datos que muchos inmigrantes proporcionan con confianza al IRS para cumplir con sus obligaciones tributarias— podría disuadir a las personas de presentar sus declaraciones o buscar vías legales de regularización.
El tema de la colaboración entre agencias federales en asuntos migratorios ha sido fuente constante de debate en Estados Unidos. Bajo administraciones anteriores, especialmente durante el gobierno de Barack Obama, el IRS se había mantenido firme en no utilizar la información de los contribuyentes con fines de persecución migratoria, precisamente para proteger la integridad del sistema tributario.
Este nuevo acuerdo revive temores sobre una mayor vigilancia y uso de herramientas administrativas en el endurecimiento de políticas migratorias. Aunque el documento se firmó durante la administración Trump, su impacto podría extenderse si futuras administraciones no revierten o modifican el acuerdo.
Por ahora, ni el IRS ni el ICE han emitido declaraciones públicas ampliando los detalles del pacto o aclarando cuándo podría comenzar a aplicarse en la práctica.
