El juez federal que ya había fallado en 2021 en contra del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) dictó este miércoles que los esfuerzos del Gobierno de Joe Biden para codificar el programa como una regulación federal son ilegales, fallando a favor del grupo de estados republicanos demandantes liderados por Texas.
Pese a su decisión, el juez Andrew Hanen de la Corte de Distrito para el sur de Texas determinó que los beneficiarios existentes del programa podrían seguir renovando sus autorizaciones de empleo y gozar de la protección contra la deportación.
El programa, que cumplió ya 11 años desde que fue implementado por el expresidente Barack Obama, cuenta con al menos 580,000 dreamers o soñadores. Hanen determinó en un fallo previo que no podrían recibirse nuevas aplicaciones, pero se negó a cancelar el beneficio para quienes ya fueron aprobados.
Al final desu decisión de 40 páginas, el juez aclara que su dictamen “no requiere que (el Departamento de Seguridad Nacional) DHS ni el Departamento de Justicia tomen ninguna acción de inmigración, deportación o criminal en contra de los beneficiarios de DACA, aplicantes o cualquier individuo que de otra manera no se tomaría”.
Hanen alegó que el Departamento de Seguridad Nacional “no hizo ningún esfuerzo en su Regla Final para sanar ninguno de los problemas sustantivos notados por este tribunal y confirmados por el Quinto Circuito”,refiriéndose a su fallo en 2021 en el que determinó que el memorandum con el que se creó el programa era ilegal y que el DHS no tenía la autoridad para implementarlo.
La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito permitió en 2022 que DACA siguiera vivo, pero sin nuevos aplicantes<, y devolvió el caso a Hanen alegando que él debía valorar la propuesta de la Administración Biden.
A finales de agosto de 2022 el Gobierno anunció que reemplazarían el memorandum inicial de 2012 con una regulación federal, como estrategia para blindar el programa ante nuevos desafíos legales.
“Necesitamos que el Congreso apruebe una legislación que proporcione una solución duradera para los jóvenes dreamers que no han conocido otro país que Estados Unidos como propio”, aseguró en ese momento el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Hanen resaltó que aunque “simpatizaba” con los obstáculos de los dreamers y sus familiares “este tribunal ha expresado durante un tiempo sus preocupaciones por la legalidad del programa”.
El juez, designado en 2002 por el expresidente George W. Bush, ha dicho que corresponderá al Congreso proporcionar protección y una vía legal para los beneficiarios de DACA. Los esfuerzos para conseguirlo, han fracasado repetidamente.
Está previsto que el Gobierno apele la decisión de Hanen y que el caso llegue de nuevo a la Corte Suprema. Sería la tercera vez que el Tribunal Supremo analizaría la iniciativa que permite que 578,680 de inmigrantes de acuerdo a cifras oficiales hasta marzo de 2023 que llegaron siendo niños a Estados Unidos permanezcan y trabajen de forma regular en el país.
