Una política del Gobierno de Joe Biden que establecía que se debía priorizar el arresto de inmigrantes que se consideran una amenaza para la seguridad pública, en lugar de perseguir a todos sólo por ser indocumentados, fue suspendida a partir del sábado por orden de la justicia.
Si bien esto no implica que los millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país estén en riesgo inminente de deportación, sí puede renovar el temor en la comunidad. Y se genera además incertidumbre en cuanto a quién será perseguido y con qué criterio, han señalado expertos.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, había ordenado a los agentes de inmigraciones el año pasado que dieran prioridad de deportación a aquellos involucrados en delitos y que eran una amenaza para la seguridad pública, y que acababan de cruzar la frontera y no tenían lazos con la comunidad. En este sentido, les indicaba que tomaran en consideración factores como si habían vivido en Estados Unidos durante muchos años, eran de edad avanzada o tenían hijos nacidos en el país.
Pero los estados de Texas y Louisiana interpusieron una demanda judicial para anular esa regla de priorización de Biden, y un juez federal Michael Newman falló a su favor el 10 de junio pasado dictaminando que la política era ilegal. Como un tribunal de apelaciones no bloqueó la decisión, entró en vigencia el viernes en la noche.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado este sábado que no está de acuerdo con la decisión de la justicia, y apelará, pero por ahora debe cumplirla. Agregó que los agentes del Servicio de Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) evaluarán caso por caso “de manera profesional y responsable”.
El juez federal dijo en su sentencia que el Departamento de Seguridad Nacional tiene la discreción de decidir a quién deportar, pero dice que la nueva norma viola las leyes de detención obligatoria. De este modo, la anuló parcialmente y estableció que no puede usarse a favor de migrantes que ya están detenidos y que tienen órdenes de expulsión.
Muzaffar Chishti, miembro principal del Instituto de Política de Migración, dijo a la cadena CBS News que los agentes de ICE aún tendrán la discreción de las fuerzas del orden para detener y deportar. Pero ya no son legales los criterios que estableció Biden para proteger a aquellos que no son una amenaza y forman parte de la comunidad.
Sin pautas para actuar; sin protecciones
El Gobierno federal suele establecer algunas pautas que establecen qué migrantes son prioridad de deportación, en general intentando que se persiga primero a aquellas personas que han cometido delitos o que representan alguna otra amenaza antes de pasar a otros.
La Administración del expresidente Donald Trump amplió significativamente la gama de inmigrantes identificados para la deportación, pero estableció aún así algunas guías para que los agentes se enfoquen en los delincuentes.
“El problema de alejarse de las prioridades es que no hay estandarización, ni guía, ni razón”, Karen Tumlin, fundadora de Justice Action Center, un grupo de derechos de los inmigrantes, al periódico The New York Times.
Los agentes de ICE en la era de Trump a menudo allanaban casas o lugares de trabajo para arrestar a inmigrantes que habían sido recientemente identificados para ser deportados, barriendo a otros que estaban presentes, a veces meros espectadores. Los agentes realizaron grandes operaciones en las llamadas ciudades santuario, realizando cientos de arrestos.
El Gobierno del ex presidente Barack Obama deportó a millones de personas, pero no llevó a cabo redadas importantes en los lugares de trabajo, y la mayoría de las personas expulsadas habían cruzado la frontera recientemente. También dio prioridad a los delincuentes para la deportación.
La decisión judicial sobre esta política es tan sólo una de las que han ocurrido en los últimos meses que afectan a los inmigrantes. Distintos tribunales también han impedido que la Administración de Biden levante las restricciones relacionadas con la pandemia en la frontera, el Título 42, renueve las protecciones para los jóvenes inmigrantes dreamers, que llegaron al país cuando eran niños, y cancele Quédate en México, el programa que exige que muchos solicitantes de asilo permanezcan en el país vecino mientras se resuelven sus casos de inmigración.
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