Durante casi 14 horas, los pasillos del Capitolio de Tennessee se convirtieron en un campo de batalla político. Más de 150 proyectos de ley, acumulados al inicio de lo que podría ser la última semana de la sesión legislativa bienal, fueron discutidos a contrarreloj. Pero entre todos, hubo un eje claro, insistente, difícil de ignorar: la inmigración.
La supermayoría republicana avanzó una serie de iniciativas que buscan reforzar la aplicación de las leyes migratorias en el estado. No solo eso. También endurecen las condiciones para quienes viven sin estatus legal, tocando áreas sensibles como la salud, el transporte y la cooperación policial.
El mensaje es directo. Y para muchos, preocupante.
La noche del martes, activistas alzaron la voz. Señalaron que el enfoque de la legislatura ha sido, durante toda la sesión, dirigir esfuerzos hacia un solo grupo: los inmigrantes.
“Todos los que consideramos Tennessee nuestro hogar merecemos comunidades seguras donde podamos construir una buena vida”, expresó Lisa Sherman Luna, directora ejecutiva de TIRRC Votes. Pero fue más allá: “En lugar de trabajar en eso, la legislatura ha decidido impulsar una agenda antiinmigrante”.
Sus palabras reflejan un sentir que crece en distintos sectores.
Servicios públicos bajo vigilancia
Uno de los proyectos más polémicos es el HB 1710, impulsado por el representante republicano Dennis Powers. La medida exige que toda persona que solicite beneficios públicos financiados por el estado demuestre su ciudadanía. Además, obliga a hospitales y proveedores de servicios a reportar a quienes no puedan comprobar su estatus legal.
Críticos advierten consecuencias graves. Proveedores de salud y organizaciones que trabajan con personas sin hogar aseguran que la ley podría disuadir a muchos de buscar ayuda, incluso en situaciones médicas urgentes.
“Esto no solo es innecesario, es peligroso”, advirtió la representante demócrata Gloria Johnson, señalando que programas como TennCare ya requieren verificación de ciudadanía.
El representante Jason Powell fue más directo: el miedo a ser reportado podría llevar a personas a evitar atención médica, aumentando riesgos de salud pública.
Powers, sin embargo, defendió la medida con firmeza. “Damos la bienvenida a los inmigrantes legales. Pero quienes están aquí ilegalmente deben regresar”, dijo. Y minimizó las preocupaciones logísticas, comparando la verificación migratoria con revisar una identificación para comprar alcohol. “Es algo que se aprende en 30 segundos”, afirmó.
El proyecto fue aprobado en la Cámara con 73 votos a favor y 21 en contra. Ahora espera decisión final en el Senado.
Cooperación obligatoria con ICE
Otra pieza clave es el HB 2219. Esta legislación obliga a todas las oficinas de alguaciles del estado a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), convirtiendo en obligatorio un programa que hasta ahora era voluntario.
El representante Johnny Garrett lo describió como un paso para “mantener seguras nuestras comunidades”. Pero la medida va más allá: amenaza con retirar fondos a las agencias que no cumplan.
El debate no fue menor. Incluso dentro del partido republicano surgieron dudas. El representante Bud Hulsey cuestionó si esta obligación podría chocar con la Constitución estatal.
“¿Quién tiene la última palabra?”, preguntó. “¿El sheriff o el gobierno federal?”
A pesar de las preocupaciones y la oposición demócrata el proyecto fue aprobado 74 a 22. Ahora espera la firma del gobernador.
Licencias de conducir: el idioma como barrera
La sesión también abordó el tema del idioma. Dos proyectos de ley sobre licencias de conducir encendieron el debate.
El HB 1708 exigirá que los conductores aprueben el examen en inglés tras un período de gracia de 18 meses. Mientras tanto, el HB 1817 permitirá sancionar a conductores comerciales que no puedan comunicarse con suficiente fluidez en inglés.
Las críticas no tardaron. El representante John Ray Clemmons cuestionó la subjetividad de la medida: “¿Qué hará un oficial? ¿Pedirle que dé un discurso o que lea un libro en voz alta?”, ironizó.
Ambos proyectos avanzaron en la Cámara y serán votados en el Senado.
Un cierre con interrogantes
La dirección es clara. Tennessee se suma a una tendencia nacional que endurece políticas migratorias, muchas de ellas alineadas con estrategias federales.
Pero la pregunta queda en el aire: ¿a qué costo?
Mientras unos hablan de seguridad y cumplimiento de la ley, otros advierten sobre comunidades que podrían quedar en las sombras, con miedo de acudir a un hospital, manejar o incluso denunciar un crimen.
La sesión legislativa está por cerrar. Pero el impacto de estas decisiones apenas comienza.
