Condado de DeSoto, Mississippi – El senador estatal Michael McLendon ha presentado un proyecto de ley que busca establecer una División de Control de Aduanas e Inmigración en Mississippi (MICE, por sus siglas en inglés). Esta nueva agencia operaría bajo el Departamento de Seguridad Pública y colaboraría con las fuerzas del orden locales en la aplicación de leyes migratorias.
El lunes por la mañana, McLendon y el fiscal de distrito Matthew Barton ofrecieron una conferencia de prensa conjunta para detallar el plan, que contempla incentivos monetarios para las agencias policiales que decidan participar, aunque su adhesión sería opcional.
Según McLendon, la implementación de esta división requeriría un presupuesto inicial de 500,000 dólares. Como argumento para su propuesta, señaló que en el sistema penitenciario de Mississippi hay más de 350 inmigrantes indocumentados, cuyo mantenimiento representa un gasto superior a los 8 millones de dólares anuales para el estado.
Datos del Departamento de Correcciones de Mississippi indican que la población carcelaria estatal asciende actualmente a 19,099 reclusos.
El proyecto de ley surge menos de un mes después del fracaso de una polémica iniciativa que buscaba establecer un sistema de cazarrecompensas para pagar a individuos por denunciar e identificar a inmigrantes indocumentados.
El impacto económico de los inmigrantes indocumentados en EE.UU.
El debate sobre la inmigración en Mississippi y en el país en general no solo se centra en el aspecto legal, sino también en su impacto económico. Si bien los inmigrantes indocumentados representan una parte significativa de la fuerza laboral, también son consumidores y contribuyentes que generan demanda de bienes y servicios.
Según el Instituto de Política Fiscal y Económica (ITEP), en 2022 los trabajadores indocumentados pagaron 96,700 millones de dólares en impuestos. Por su parte, el Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC) estima que, en ese mismo año, los inmigrantes sin estatus legal aportaron cerca de 76,000 millones de dólares en impuestos estatales y federales.
Wu, portavoz del AIC, advierte que la pérdida de estos ingresos fiscales tendría “un gran impacto local” en escuelas, servicios públicos, programas comunitarios e infraestructura. Además, subraya que los inmigrantes indocumentados contribuyen significativamente a Medicare y a la seguridad social, a pesar de no poder beneficiarse de estos programas. En 2022, los hogares de trabajadores sin papeles aportaron más de 22,000 millones de dólares a la seguridad social y 5,700 millones a Medicare.
El impacto en la economía y el empleo
Más allá de los impuestos, la presencia de inmigrantes sin estatus legal incide directamente en la economía del país. Un estudio del AIC publicado en 2024 estima que una deportación masiva reduciría el PIB de EE.UU. entre un 4.2% y un 6.8%, aunque no especifica el período en que ocurriría esta caída.
Otro informe, realizado por la Universidad de Nueva Hampshire, proyecta que si se expulsaran más de 7 millones de inmigrantes indocumentados, la economía estadounidense perdería entre un 2.6% y un 6.2% de su PIB en una década.
El impacto también se vería reflejado en el emprendimiento. Wu destaca que muchos inmigrantes llegan a EE.UU. con el sueño de construir una vida próspera y, según estimaciones, cerca de un millón de emprendedores en el país son indocumentados. Un informe del Centro para el Progreso Estadounidense indica que los beneficiarios de DACA generaron 27,900 millones de dólares en salarios en los últimos años, ya sea como empleados o empleadores.
Si se implementaran deportaciones masivas, Wu advierte que el país “perdería todos estos negocios y los empleos que han generado, muchos de ellos ocupados por ciudadanos estadounidenses”. También afectaría a empresas familiares y servicios comunitarios, pilares fundamentales en muchas regiones del país.
¿Realmente los inmigrantes bajan los salarios?
Una crítica recurrente contra los inmigrantes indocumentados es que deprimen los salarios de los trabajadores estadounidenses y elevan la demanda de servicios sociales. Sin embargo, Aguilar, experto en economía laboral, sostiene que estas afirmaciones son parte de “retóricas que buscan dividir y generar odio” sin base real.
La mencionada investigación de la Universidad de Nueva Hampshire respalda esta postura, al señalar que las campañas de deportaciones anteriores no han generado aumentos salariales ni mejoras en la tasa de empleo. Como ejemplo, el informe menciona que las 454,000 deportaciones ocurridas entre 2008 y 2015 provocaron, en realidad, una caída del 0.6% en los salarios por hora de los trabajadores nacidos en EE.UU.
El debate sobre la inmigración en Mississippi y el resto del país sigue abierto, con visiones encontradas sobre sus efectos en la economía y la sociedad. Mientras unos ven en la inmigración indocumentada un problema a erradicar, otros destacan su papel fundamental en el desarrollo económico de EE.UU.
