En una decisión que ya anticipa batalla en los tribunales, el Senado de Tennessee dio luz verde a una controvertida ley que crea nuevos delitos estatales dirigidos a inmigrantes indocumentados. La medida, aprobada el lunes, ahora espera la firma del gobernador.
Con 26 votos a favor y 6 en contra, la mayoría republicana impulsó el proyecto SB1779/HB1704, que ya había pasado la Cámara de Representantes con 73 votos favorables. Es, según sus promotores, una pieza central del paquete “Inmigración 2026”, diseñado para endurecer las políticas migratorias en el estado.
Pero más allá de los números, la pregunta es otra: ¿hasta dónde puede llegar un estado en materia migratoria sin chocar con la ley federal?
El líder de la mayoría republicana en el Senado, Jack Johnson, defendió la iniciativa asegurando que no invade competencias federales. “No estamos determinando el estatus migratorio de nadie”, afirmó. “Esto crea consecuencias penales para quienes desobedecen una orden federal de deportación”.
Sin embargo, el propio Johnson dejó entrever la dimensión política del tema. Al ser cuestionado sobre qué ocurriría sin esta ley, respondió: “Afortunadamente, ahora tenemos a alguien en la Casa Blanca que se encarga de eso”.
La legislación establece dos nuevos delitos menores de Clase A. El primero castigaría a cualquier adulto que, tras recibir una orden final de deportación y agotar sus apelaciones, no abandone el estado dentro de 90 días. El segundo apunta a quienes intenten ingresar a Tennessee con una orden de deportación pendiente, salvo excepciones autorizadas por autoridades federales.
Este segundo punto no entraría en vigor de inmediato. Está condicionado a un cambio en el precedente legal establecido por la Corte Suprema en 2012, en el caso Arizona vs. Estados Unidos, que limitó la capacidad de los estados para aplicar leyes migratorias.
Y ahí está el núcleo del conflicto.
“Es totalmente previsible que terminemos en un litigio constitucional”, advirtió el senador demócrata Jeff Yarbro, de Nashville. Fue más allá: considera probable que el estado pierda, incluso ante tribunales conservadores, por intentar asumir funciones federales.
No sería un caso aislado. Leyes similares en Texas, Iowa, Luisiana y Oklahoma permanecen bloqueadas en cortes federales. La historia reciente sugiere un patrón: los estados avanzan, los tribunales frenan.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de inmigrantes levantan la voz. La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC) calificó la medida como “confusa” y difícil de aplicar. Señalan un problema práctico: no existe una base de datos centralizada que permita verificar órdenes finales de deportación.
Pero también hay un componente humano.
“Algunos recibieron esas órdenes cuando eran niños”, explicó Lisa Sherman Luna, directora ejecutiva de TIRRC Votes. “No tuvieron control sobre su situación. Esta ley es cruel y contraria a los valores de Tennessee”.
El trasfondo político también pesa. Aunque la administración Biden había impugnado leyes similares, ese enfoque cambió tras la llegada del presidente Donald Trump en 2025. El Departamento de Justicia retiró esos desafíos, dejando el camino a organizaciones civiles como la ACLU para continuar las demandas.
Así, Tennessee entra en un terreno conocido pero inestable: legislar fuerte, sabiendo que el siguiente paso podría darse frente a un juez.
La ley aún no está firmada.
