El debate sobre quién puede votar en Tennessee vuelve a encenderse. Esta vez, con un proyecto de ley que ya cruzó el Capitolio estatal y ahora espera la firma del gobernador.
La iniciativa, identificada como SB2204/HB2185, fue aprobada el lunes por el Senado con una votación de 27 a 6, siguiendo líneas partidistas. Detrás de la propuesta están dos figuras clave del liderazgo republicano: el senador Jack Johnson, del condado de Franklin, y el representante William Lamberth, del condado de Sumner.
¿El objetivo? Permitir que los administradores electorales de los condados verifiquen el estatus migratorio de los votantes utilizando una base de datos federal conocida como SAVE (Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios).
Hoy, la ley ya exige que cada persona certifique su ciudadanía al registrarse para votar. El estado, además, cruza esa información con bases de datos estatales y federales. Pero los impulsores de la medida aseguran que no es suficiente.
“Este proyecto de ley permitiría a los funcionarios electorales usar los datos de SAVE durante la revisión inicial de la solicitud”, explicó Johnson, insistiendo en que la intención es detectar registros potencialmente fraudulentos desde el inicio.
Sin embargo, no todos están convencidos.
La senadora demócrata Raumesh Akbari, de Memphis, advirtió sobre errores documentados en el uso de este sistema. Aunque SAVE se utiliza comúnmente para verificar elegibilidad en servicios públicos, experiencias en otros estados han levantado alertas.
En Texas, por ejemplo, reportes de ProPublica y el Texas Tribune revelaron que algunos funcionarios llegaron a clasificar erróneamente como no ciudadanos a votantes en hasta un 14% de los casos. Un margen que, para críticos, no es menor cuando se trata de derechos fundamentales.
Johnson respondió señalando que la ley actual ya contempla un proceso de apelación. Es decir, si una persona es rechazada, puede presentar documentos adicionales para corregir el registro.
“Si alguien es declarado erróneamente inelegible para votar bajo este sistema, tendrá un mecanismo para apelar”, afirmó.
Aun así, la preocupación persiste: ¿cuántos ciudadanos podrían quedar atrapados en el proceso antes de lograr corregir un error?
La implementación de la ley tampoco sería inmediata. Dependería de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos habilite un portal seguro para que los funcionarios electorales accedan a la base de datos. De concretarse, el sistema podría estar en funcionamiento antes de 2028.
Mientras tanto, en el escenario federal, una propuesta con nombre similar la Ley SAVE America busca imponer requisitos aún más estrictos a nivel nacional, incluyendo la obligación de presentar prueba de ciudadanía al registrarse para votar. Esa medida ya fue aprobada en la Cámara de Representantes, pero sigue pendiente en el Senado.
Ahora, la decisión queda en manos del gobernador Bill Lee.
Y la pregunta sigue en el aire: ¿es esta una herramienta necesaria para proteger el proceso electoral, o un riesgo que podría dejar a ciudadanos legítimos fuera de las urnas?
