La administración Trump dio este martes un nuevo paso en su política migratoria. Esta vez, el enfoque apunta al sistema financiero.
Trump firmó una orden ejecutiva que instruye a bancos, reguladores financieros y agencias federales a examinar con mayor detenimiento el estatus migratorio de sus clientes, bajo el argumento de proteger al sistema financiero de posibles riesgos crediticios relacionados con personas que podrían ser deportadas.
La medida forma parte de la ofensiva migratoria impulsada por la Casa Blanca contra quienes residen ilegalmente en Estados Unidos. Sin embargo, el decreto resultó menos agresivo de lo que muchos en el sector bancario temían.
Durante semanas circularon versiones de que la administración buscaba obligar a los bancos a recopilar información sobre ciudadanía o estatus migratorio de cada cliente. Finalmente, la orden firmada por Trump se limita a emitir directrices y recomendaciones, sin imponer un mandato obligatorio.
“La Casa Blanca no permitirá riesgos para nuestro sistema financiero derivados de otorgar crédito o servicios financieros a población extranjera inadmisible y susceptible de ser expulsada”, señala el documento.
El gobierno sostiene que existe un riesgo financiero si una persona es deportada y deja de pagar préstamos, hipotecas o tarjetas de crédito. No obstante, actualmente no existen cifras públicas concluyentes que demuestren el impacto real de inmigrantes indocumentados en el sistema bancario.
Los bancos en Estados Unidos tradicionalmente no recopilan información sobre ciudadanía o estatus migratorio al abrir cuentas o emitir créditos.
Un estudio del Urban Institute estimó que entre 5,000 y 6,000 hipotecas fueron otorgadas a clientes con Número de Identificación Fiscal Individual, conocido como ITIN. Este número es utilizado comúnmente por trabajadores indocumentados que no poseen Seguro Social.
El mismo informe concluyó que los bancos ya son extremadamente cautelosos al otorgar préstamos a personas con ITIN. Además, gigantes hipotecarios como Fannie Mae y Freddie Mac suelen evitar asegurar préstamos de este tipo, reduciendo aún más las posibilidades de aprobación.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había adelantado semanas atrás la postura del gobierno.
“Debería haber reglas más estrictas”, declaró.
“¿Por qué pueden extranjeros desconocidos venir y abrir una cuenta bancaria?”, cuestionó el funcionario, insistiendo en que las instituciones financieras deben “conocer a su cliente”.
Las declaraciones encendieron alarmas dentro de la industria bancaria. Representantes del sector presionaron intensamente a la Casa Blanca para evitar una regulación obligatoria que exigiera verificar ciudadanía o estatus migratorio, argumentando que el proceso sería costoso, complejo y lleno de burocracia.
Al final, la administración optó por una medida más limitada.
Defensores de inmigrantes advirtieron que una política más estricta podría provocar que miles de personas indocumentadas abandonen el sistema bancario por miedo, aumentando la cantidad de personas sin acceso a servicios financieros básicos.
La Casa Blanca ya había comenzado a endurecer medidas relacionadas con inmigrantes y servicios financieros. En noviembre pasado, el Departamento del Tesoro anunció cambios para reclasificar ciertos créditos fiscales reembolsables como “beneficios públicos federales”, limitando así el acceso de algunos inmigrantes aunque paguen impuestos y presenten declaraciones fiscales.
Expertos fiscales señalan que grupos como beneficiarios de DACA y personas bajo Estatus de Protección Temporal (TPS) podrían verse particularmente afectados por estos cambios.
Mientras tanto, el debate continúa creciendo. Para algunos, la medida representa control y seguridad financiera. Para otros, abre la puerta a nuevas barreras para millones de inmigrantes que trabajan, pagan impuestos y forman parte de la economía estadounidense.
