El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por sus siglas en inglés) rescindió este viernes una política que puso en marcha el Gobierno de Donald Trump en 2020 conocida como Z-R-Z-C, que dificultaba que los migrantes beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés) pudieran acceder a la residencia permanente.

Antes del cambio regulatorio impulsado por Trump, las autoridades migratorias consideraban que los beneficiarios del TPS (bautizados popularmente como tepesianos) que obtenían un permiso para viajar a otro país (por ejemplo, para visitar a familiares) podían contabilizar su regreso a Estados Unidos como una entrada legal.

De esta forma, si trataban después de conseguir la residencia permanente y la ciudadanía (por ejemplo, casándose con una persona estadounidense), podían aplicar sin el obstáculo de haber entrado inicialmente como indocumentados al país. El cambio de política aprobado ahora por USCIS vuelve a abrir esta vía para los tepesianos, pero no crea, según la agencia federal, “una vía directa” a la residencia permanente.

Tener el TPS no cualifica para conseguir una green card, para ello, es necesario cumplir los mismos requisitos familiares o de trabajo que el resto de migrantes.

Pero la Corte Suprema había señalado en un dictamen en junio de 2021 que el hecho de haber entrado en un principio de forma ilegal en el país suponía una barrera legal para poder obtener la residencia permanente incluso aunque se cualificara por esos motivos familiares y de trabajo, al contrario que en otros casos (por ejemplo, indocumentados que fueron víctimas de violencia y lograron por ello una visa humanitaria).

La decisión de USCIS conocida este viernes vuelve a abrir la vía para salir del país con permiso y poder aplicar al regresar como si se hubiera entrado legalmente.

Eso “promueve la unidad familiar y elimina barreras”, según la agencia, “promocionando el acceso al sistema de migración legal” para algunos tepesianos.

Unas 400,000 personas viven en Estados Unidos protegidos por el TPS, un alivio migratorio para extranjeros cuyos países están devastados por conflictos o desastres naturales. Beneficia, entre otros, a unos 260,000 salvadoreños, 86,000 hondureños y 2,500 nicaragüenses. El Gobierno de Joe Biden lo amplió además a los venezolanos el año pasado y a los ucranianos este año.

En 2001, Estados Unidos otorgó a los migrantes salvadoreños protección legal para permanecer en el país después de una serie de terremotos en su país de origen.

Las personas de otros 10 países están igualmente protegidas: Haití, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, y Yemen.