Por Manuel Duran | Memphis Noticias
Hay momentos en los que una ciudad tiene que detenerse y preguntarse hacia dónde está caminando.
Lo ocurrido durante la madrugada del domingo en El Corralón y la conferencia de prensa realizada posteriormente por empresarios, activistas y organizaciones comunitarias nos colocan nuevamente frente a una pregunta que Memphis no puede seguir evitando:
¿Qué significa realmente estar seguros?
Porque seguridad no puede significar simplemente más agentes, más patrullas, más armas o más detenciones.
Seguridad significa que una persona pueda regresar a su casa sin miedo. Que un pequeño empresario pueda abrir su negocio sin temor. Que una familia pueda salir a comer sin preguntarse si terminará separada. Y, sobre todo, que quienes tienen el poder de hacer cumplir la ley también estén sujetos a la ley.
Ese es el punto que, a mi juicio, no podemos perder de vista.
Una conferencia que merece ser escuchada
Este lunes, empresarios y organizaciones de derechos humanos se reunieron para hablar de algo que va mucho más allá de un operativo migratorio.
Hablaron de quién controla las decisiones de seguridad en Memphis.
Hablaron del papel de ICE, de la Guardia Nacional, del Memphis Safe Task Force y de las autoridades locales.
Pero también hablaron de algo que suele quedar fuera de las estadísticas: el miedo que puede producir el Estado cuando una comunidad siente que las instituciones dejaron de estar de su lado.
Rob Brown lo resumió con una frase que merece atención: no se puede hablar de seguridad pública cuando la ciudadanía teme a quienes supuestamente deben garantizarla.
Podemos estar de acuerdo o no con cada una de las posiciones expresadas en esa conferencia. Pero sería un error periodístico y democrático ignorarlas.
Porque estas personas no están hablando desde un estudio de televisión.
Son empresarios. Son residentes. Son personas que pagan impuestos, emplean trabajadores y viven las consecuencias de las decisiones que toman quienes gobiernan.
El Corralón plantea preguntas que todavía no tienen respuesta
Vecindarios 901 sostiene que más de 100 personas fueron detenidas durante el operativo en El Corralón.
Ese número todavía no ha sido confirmado de manera independiente.
Y precisamente por eso hay que preguntar.
¿Cuántas personas fueron detenidas?
¿Quiénes fueron detenidos?
¿Por qué fueron detenidos?
¿Bajo qué autoridad?
¿Qué orden utilizaron los agentes?
¿La orden estaba relacionada con inmigración o con otra investigación?
¿Hubo personas detenidas que no tenían ninguna relación con la investigación original?
¿Dónde fueron trasladadas?
¿Pudieron comunicarse con sus familias y abogados?
Estas no son preguntas “a favor de los inmigrantes”.
Son preguntas básicas en cualquier democracia.
Y si las autoridades actuaron correctamente, deberían poder responderlas con claridad.
El MPD tiene derecho a explicar su participación
El Departamento de Policía de Memphis ha dicho que sus agentes no participaron en la planificación ni en la ejecución del operativo.
Según el departamento, sus oficiales llegaron alrededor de las 3:15 de la madrugada, más de dos horas después del inicio que reportó Vecindarios 901, y fueron llamados para controlar el tráfico y la concentración de personas.
Esa explicación debe formar parte de la historia.
Pero también debe ser examinada.
Porque decir que el MPD no participó en la planificación de una operación no responde necesariamente todas las preguntas sobre la relación entre las agencias locales y federales.
La ciudadanía tiene derecho a saber qué información recibió el departamento, quién solicitó su presencia, qué instrucciones recibió y qué ocurrió mientras sus agentes estuvieron en el lugar.
La transparencia no debilita a la policía.
La transparencia fortalece a las instituciones.
La seguridad no puede medirse solamente con arrestos
Aquí es donde el debate se vuelve todavía más importante.
Durante la conferencia, Shannon Merritt, exoficial de policía y empresario, sostuvo que en Cooper-Young la delincuencia ya venía disminuyendo antes de la llegada del grupo de trabajo y que las soluciones comunitarias habían producido resultados.
Puede discutirse su interpretación de las estadísticas.
Pero la pregunta que plantea es válida:
¿Estamos utilizando la estrategia de seguridad que realmente funciona para Memphis o simplemente la estrategia que produce las imágenes más impactantes?
Porque una ciudad no se vuelve automáticamente más segura porque haya más uniformes en sus calles.
Tampoco se resuelve la delincuencia únicamente con arrestos.
Memphis necesita policías bien entrenados, investigadores, fiscales, tribunales que funcionen, servicios de salud mental, transporte público confiable, escuelas con recursos y oportunidades económicas.
Necesita comunidades que puedan confiar en sus instituciones.
Y necesita algo todavía más importante: prevención.
¿Cuánto cuesta esta estrategia y qué estamos dejando de financiar?
Esta es otra pregunta que merece una conversación seria.
Cada dólar público tiene un costo de oportunidad.
Cuando se destinan cientos de millones de dólares a despliegues extraordinarios, fuerzas adicionales y operaciones de seguridad, ese dinero deja de estar disponible para otras necesidades.
¿Qué podríamos estar haciendo con esos recursos?
Podríamos invertir más en jóvenes.
Podríamos fortalecer programas de salud mental.
Podríamos mejorar el transporte público.
Podríamos apoyar a pequeños negocios.
Podríamos invertir en comunidades donde la pobreza y la falta de oportunidades alimentan parte de los problemas que después intentamos resolver únicamente con policías.
No se trata de decir que Memphis no necesita seguridad.
Memphis necesita seguridad. Y mucha.
Pero necesitamos preguntarnos qué tipo de seguridad estamos comprando y qué estamos sacrificando para conseguirla.
Cuando las fuerzas de seguridad se equivocan, alguien debe responder
En los últimos meses, organizaciones comunitarias han señalado varios incidentes mortales relacionados con miembros de fuerzas estatales o del grupo de trabajo.
Han mencionado los casos de Tyrin Johnson, Darrin Pigram, Jonah Neal y Alfonso Ivy.
Cada uno de estos casos tiene circunstancias particulares y debe ser analizado individualmente.
Pero existe un principio que debería ser común a todos:
Cuando una persona muere durante una intervención policial o de seguridad pública, la sociedad tiene derecho a conocer exactamente qué ocurrió.
No basta con una versión inicial.
No basta con un comunicado.
No basta con decir que los agentes actuaron dentro de la ley.
La confianza pública requiere investigaciones independientes, evidencia, transparencia y, cuando corresponda, consecuencias.
Eso vale para todos.
Para un ciudadano.
Para un policía.
Para un agente federal.
Para un miembro de la Guardia Nacional.
Para cualquier persona que ejerza el poder del Estado.
Memphis ya conoce demasiado bien esta discusión
Nuestra ciudad tiene una historia dolorosa con el uso de la fuerza policial.
El caso de Tyre Nichols todavía está presente en la memoria colectiva de Memphis.
Por eso cualquier expansión de fuerzas de seguridad debe ser examinada con especial cuidado.
No porque la policía sea el enemigo.
Sino precisamente porque las instituciones encargadas de proteger nuestros derechos deben ser las primeras en respetarlos.
No podemos pedir confianza ciega.
La confianza se gana.
Se gana cuando las autoridades explican sus decisiones.
Se gana cuando reconocen errores.
Se gana cuando investigan a los suyos.
Se gana cuando una familia recibe respuestas.
Y se gana cuando un ciudadano puede cuestionar a un agente sin sentir que está enfrentándose a todo el poder del Estado.
No podemos convertir a Memphis en un campo de batalla político
También debemos tener cuidado.
Memphis no puede convertirse en el escenario donde Washington y Nashville libran sus batallas políticas.
Nuestra ciudad tiene problemas reales.
Tenemos delincuencia.
Tenemos pobreza.
Tenemos problemas de vivienda.
Tenemos escuelas que necesitan recursos.
Tenemos una crisis de salud mental.
Tenemos pequeños negocios luchando por sobrevivir.
Tenemos familias que necesitan mejores servicios.
Y tenemos una comunidad inmigrante que forma parte fundamental de la economía y de la vida cotidiana de Memphis.
Todo eso requiere soluciones.
No discursos.
No fotografías.
No despliegues diseñados para impresionar.
Soluciones.
Y sí, hay que proteger a las comunidades inmigrantes
Aquí quiero ser particularmente claro.
Defender los derechos de los inmigrantes no significa defender el crimen.
Una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra.
Si una persona comete un delito, debe responder ante la justicia conforme a la ley.
Pero el estatus migratorio de una persona tampoco debería convertirla automáticamente en sospechosa.
Y una redada no debería convertirse en una licencia para ignorar el debido proceso.
Si las autoridades tienen una orden judicial válida, deben cumplirla.
Si existen delitos, deben investigarse.
Si existen pruebas, deben presentarse.
Pero si el Estado detiene a personas, también tiene la obligación de explicar bajo qué autoridad lo hizo.
Ese estándar debe aplicarse independientemente de si la persona nació en Memphis, México, El Salvador, Honduras o cualquier otro lugar.
El alcalde y los líderes locales tienen una responsabilidad
La conferencia de prensa dejó un mensaje particularmente dirigido al alcalde Paul Young y a los líderes locales.
Y considero que deben escucharlo.
Los funcionarios electos no están obligados a estar de acuerdo con las organizaciones comunitarias.
Pero sí están obligados a responder ante la ciudadanía.
Paul Young tiene que explicar cuál es su posición sobre la colaboración del gobierno municipal con las autoridades migratorias.
La jefa C.J. Davis debe explicar con claridad cuáles son los límites de la participación del MPD en operaciones federales.
La Comisión del Condado de Shelby debe explicar qué puede y qué no puede hacer respecto al despliegue de la Guardia Nacional.
Y las autoridades estatales y federales deben explicar el alcance de sus operaciones en Memphis.
No es una cuestión de izquierda o derecha.
Es una cuestión de rendición de cuentas.
Memphis merece algo mejor
Personalmente, creo que Memphis no necesita que le digan que debe escoger entre seguridad y derechos humanos.
Ese es un falso dilema.
Podemos tener ambas cosas.
Podemos combatir el crimen y proteger el debido proceso.
Podemos perseguir a delincuentes y respetar a las familias.
Podemos tener policías efectivos y exigirles responsabilidad.
Podemos cooperar con agencias federales cuando sea necesario y, al mismo tiempo, establecer límites claros cuando se trate de los recursos y la autoridad de nuestra ciudad.
Eso es lo que debería significar gobernar.
Porque una ciudad verdaderamente segura no es aquella donde nadie se atreve a cuestionar a las autoridades.
Una ciudad verdaderamente segura es aquella donde las autoridades pueden ser cuestionadas y, aun así, responder con transparencia.
El operativo de El Corralón debe investigarse.
Las cifras deben verificarse.
Las órdenes deben conocerse.
Las detenciones deben explicarse.
Las denuncias de las organizaciones deben ser examinadas.
Y las versiones oficiales también.
Eso no es tomar partido.
Eso es hacer periodismo.
Y en Memphis, donde demasiadas veces hemos visto cómo la falta de transparencia termina destruyendo la confianza, no podemos permitirnos mirar hacia otro lado.
La seguridad de Memphis importa.
Pero los derechos de quienes viven en Memphis también.
Porque una ciudad no puede ser verdaderamente segura si para conseguir seguridad tiene que sacrificar la libertad, la dignidad y los derechos de su propia gente.
— Manuel Duran
Memphis Noticias
