En la madrugada de este viernes, tras semanas de negociaciones tensas y un país sintiendo el peso de un cierre parcial que ya supera los 40 días, el Senado dio un paso que muchos esperaban… pero no sin controversia.
A las 2:20 a.m., y mediante votación oral unánime, los senadores aprobaron un paquete de financiación para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Sin embargo, la medida excluye dos piezas clave del aparato migratorio: las operaciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y partes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
La decisión llega en un momento crítico. Miles de trabajadores, especialmente agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), han pasado más de seis semanas sin recibir salario. El impacto ya se siente en los aeropuertos: largas filas, retrasos y niveles de ausentismo que superan el 11% a nivel nacional, con algunos aeropuertos alcanzando cifras alarmantes de más del 40%.
Horas antes de la votación, el presidente Donald Trump intentó contener la crisis anunciando que ordenaría el pago inmediato a los agentes de la TSA. “Es una situación de emergencia”, señaló, al tiempo que instruyó al recién juramentado secretario del DHS, Markwayne Mullin, a ejecutar la medida.
Pero el trasfondo político es más profundo.
El acuerdo es el resultado de negociaciones bipartidistas que avanzaron a trompicones durante seis semanas. Los demócratas se mantuvieron firmes: no apoyarían financiamiento para ICE ni la Patrulla Fronteriza sin reformas sustanciales en sus prácticas. La presión aumentó tras incidentes recientes, incluyendo la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis a manos de agentes federales.
“ No habrá cheque en blanco para un ICE y una Patrulla Fronteriza sin ley”, advirtió el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer. Aseguró además que el acuerdo fortalece áreas clave como FEMA, la Guardia Costera y la seguridad cibernética, mientras mantiene protegidos a los ciudadanos.
Desde el lado republicano, el tono fue distinto. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, responsabilizó directamente a los demócratas por el estancamiento. “El presidente Trump nunca debió intervenir para rescatar a los trabajadores de la TSA”, afirmó. “Estamos aquí por la negativa obstinada de los demócratas a llegar a un acuerdo”.
La Casa Blanca y los republicanos, que rechazaron limitar la agenda migratoria del presidente, optaron por una estrategia distinta: separar el financiamiento de ICE en un proyecto de ley independiente. Sin embargo, ese intento también fue bloqueado por los demócratas.
Mientras tanto, la incertidumbre se traslada ahora a la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos. Aunque Trump ha mostrado respaldo al acuerdo lo que podría inclinar la balanza, existen reservas dentro de su propio partido por haber dejado fuera a ICE.
El futuro del paquete es incierto. La Cámara podría someterlo a votación bajo reglas ordinarias o mediante un procedimiento acelerado que requeriría una mayoría de dos tercios. Cada camino tiene sus propios riesgos.
Y en medio de este pulso político, la realidad sigue golpeando a miles de trabajadores federales.
Algunos legisladores no han dudado en señalar directamente al presidente. “Trump pudo haber firmado el pago a la TSA desde el primer día”, escribió la congresista Delia Ramírez en redes sociales. “Los trabajadores no tenían por qué quedarse sin cobrar”.
Mientras tanto, en los aeropuertos del país, el cansancio se acumula. Las filas no desaparecen. Y la pregunta sigue en el aire: ¿cuánto más puede resistir el sistema antes de que el costo político se convierta en una crisis mayor?
