Memphis vuelve a estar en el centro del debate. Esta vez no por un operativo en las calles, sino por lo que ocurre después: en los tribunales.
Los legisladores republicanos del condado de Shelby impulsan dos proyectos de ley que buscan regular cómo se manejan los casos derivados de los más de 7,300 arrestos realizados por el Grupo de Trabajo para la Seguridad de Memphis, una fuerza conjunta que desde septiembre ha emitido además casi 18,000 multas de tránsito.
El grupo respaldado por agencias estatales, federales y la Guardia Nacional ha sido promovido como un modelo nacional. El propio presidente Donald Trump visitó Memphis esta semana y elogió la iniciativa como parte de su visión de “hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro”.
Pero mientras unos aplauden, otros cuestionan.
El senador estatal Brent Taylor, uno de los principales defensores del grupo, no estuvo en el evento con Trump. En cambio, compareció ante el Comité Judicial del Senado para empujar su propuesta: la “Ley de Responsabilidad del Grupo de Trabajo de Memphis Safe”.
¿En qué consiste?
Exigiría a los fiscales notificar a autoridades estatales y federales cuando ciertos casos del grupo terminen en acuerdos de culpabilidad, reducción de cargos o desestimaciones.
“Actualmente, a menos que el fiscal de distrito revele esa información, el fiscal federal no sabría que el caso ha sido archivado”, explicó Taylor. Según el senador, solo alrededor del 25% de los arrestos llegan a tribunales federales, lo que deja muchos casos en manos estatales.
La versión inicial del proyecto fue criticada por ser demasiado amplia. Taylor lo reconoció y lo enmendó: ahora limita el requisito a delitos graves homicidios, delitos con armas, drogas, delitos sexuales, robo agravado y crimen organizado y amplía el plazo de reporte a una semana. La medida tendría vigencia hasta 2028.
El fiscal de distrito del condado de Shelby, Steven Mulroy, no tardó en responder.
Para él, la propuesta no fortalece la justicia, sino que añade burocracia innecesaria.
“Esto no tiene que ver con la transparencia. No tiene que ver con la rendición de cuentas. Es solo papeleo adicional por motivos políticos”, declaró.
Mulroy advierte que su oficina que maneja más del 90% de los casos del grupo no cuenta con un sistema automatizado para separar estos expedientes, lo que obligaría a su personal a hacerlo manualmente, restando tiempo a investigaciones y atención a víctimas.
Aun así, fue claro: “Si se aprueba, lo acataremos, porque cumplimos con la ley”.
El choque entre Taylor y Mulroy no es nuevo. El senador ha acusado en repetidas ocasiones al fiscal de ser indulgente con el crimen, incluso presentando denuncias éticas que fueron desestimadas.
También lo ha señalado por supuestos vínculos con el multimillonario George Soros. Sin embargo, los registros de financiamiento de campaña no muestran donaciones directas. Un comité externo sí apoyó a Mulroy, pero sin coordinación con su campaña, como lo exige la ley.
Mientras tanto, los números siguen sobre la mesa.
Mulroy asegura que su oficina procesa más de 1,000 casos por semana y que en lo que va del año han logrado más de 1,000 condenas, acumulando casi 4,000 años de prisión. Sin embargo, también ha reconocido que una gran parte de los casos del grupo involucran delitos menores y no violentos.
El segundo proyecto impulsado por Taylor apunta a otro problema: la sobrecarga judicial.
La llamada “Ley de Tribunales Penales Violentos” propone añadir dos jueces penales, cuatro fiscales adjuntos y dos investigadores en el condado de Shelby.
Incluso la senadora demócrata London Lamar respaldó esta medida, calificando como una “decisión imprudente” la eliminación previa de plazas judiciales en 2024.
“Ya sabíamos que teníamos escasez de jueces… y ahora tenemos que solucionar el problema”, dijo.
Un informe reciente de la Contraloría de Tennessee respalda esa preocupación: el condado de Shelby figura entre los distritos con déficit judicial en el estado.
Memphis enfrenta una realidad compleja: más arrestos, más casos… y un sistema que lucha por mantenerse al día.
¿Se trata de garantizar justicia… o de controlar cómo se administra?
La respuesta, como tantas veces, no solo se decidirá en el Capitolio, sino en cada sala de tribunal donde estos casos toman vida.
