Un reconocimiento poco común, pero contundente. El Departamento de Justicia de Estados Unidos admitió ante un tribunal federal que utilizó de manera errónea un memorando del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para justificar arrestos de inmigrantes dentro y cerca de juzgados de inmigración. Una práctica que, para muchos, ya venía generando temor… y ahora, también serias dudas legales.
La admisión se dio en el marco de una demanda federal impulsada por organizaciones defensoras de derechos de inmigrantes, que buscan frenar estas detenciones durante audiencias obligatorias. El gobierno, en documentos presentados esta semana, reconoció que su argumento se apoyó en la llamada “Guía del ICE para 2025”.
Ese memorando señalaba que los agentes podían ejecutar acciones civiles migratorias en o cerca de tribunales si contaban con información confiable sobre la presencia de una persona objetivo. Pero hay un giro clave: el propio Departamento de Justicia ahora afirma que ese documento “no se aplica ni se ha aplicado nunca” a los tribunales de inmigración.
¿Cómo ocurrió el error?
Según los fiscales, todo salió a la luz tras recibir un correo interno del ICE que recordaba precisamente esa limitación. Un detalle que, según el propio gobierno, pasó por alto debido a un “fallo del abogado de la agencia”.
El mensaje fue claro, incluso en su tono: los fiscales ofrecieron disculpas reiteradas al juez federal Kevin Castel por haber presentado información incorrecta. Sin embargo, el impacto ya estaba hecho.
En una decisión previa, el juez Castel había permitido que continuaran los arrestos en tribunales, basándose —precisamente— en esa guía ahora cuestionada. Con este nuevo giro, tanto la orden judicial como los argumentos legales de ambas partes deberán ser revisados.
Del otro lado, la reacción no tardó.
Amy Belsher, abogada de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, calificó la revelación como “impactante”.
“Es otro ejemplo del descarado desprecio del ICE por la vida de los inmigrantes en este país. Ahora está más claro que nunca que no hay justificación para emboscar y arrestar a personas que se presentan ante un tribunal”, afirmó.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa al ICE, no respondió a solicitudes de comentarios.
Pero más allá de los documentos y las cortes, hay historias reales.
Como la de Dylan Contreras, un joven de 20 años, estudiante en Nueva York, sin antecedentes penales. Fue detenido tras acudir a una audiencia rutinaria en mayo. Pasó diez meses bajo custodia antes de ser liberado recientemente.
El DHS sostuvo que Contreras ingresó al país durante la administración Biden y que su detención formaba parte del cumplimiento de la ley. Sus abogados, en cambio, aseguran que estaba en proceso de solicitar asilo.
El propio alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, lo resumió con una frase que pesa:
“Lo que debía ser un tiempo para terminar la escuela secundaria se convirtió en diez largos meses de aislamiento”.
Hoy, el caso sigue abierto.
