En medio de un clima político cada vez más tenso en torno a la inmigración, una voz republicana ha decidido marcar distancia. El senador estatal Page Walley, de Savannah, dejó claro esta semana que no respaldará una propuesta que obligaría a las escuelas públicas a verificar el estatus migratorio de sus estudiantes.
No es un gesto menor. Se trata de una iniciativa que forma parte del paquete “Inmigración 2026”, impulsado con respaldo federal y que ahora regresa al Senado tras ser modificada en la Cámara de Representantes.
Walley no dudó en explicar su postura.
“Mantengo mi escepticismo ante cualquier medida que imponga una carga migratoria adicional a nuestras escuelas primarias y secundarias, cuando en muchos casos ya carecen de los fondos necesarios para hacer su trabajo”, afirmó.
La legislación actual, SB836/HB793, es una versión más moderada de un proyecto anterior presentado en 2025. En aquel momento, la propuesta iba más lejos: abría la puerta a negar la educación a niños sin documentación legal completa. Aquella iniciativa fue aprobada en el Senado con 19 votos a favor y 13 en contra, pero no sin divisiones internas: siete republicanos, incluido Walley, votaron en contra.
El objetivo de fondo sigue siendo el mismo: desafiar el precedente establecido por la Corte Suprema de Estados Unidos en 1982, en el caso Plyler vs. Doe, que garantiza el acceso a la educación pública sin importar el estatus migratorio.
Hoy, el debate regresa con nuevos matices, pero con las mismas preocupaciones.
En la Cámara de Representantes, el proyecto fue aprobado esta semana con 70 votos a favor y 25 en contra. Incluye una enmienda que obliga a las escuelas a verificar la ciudadanía de los estudiantes. Tres republicanos Jody Barrett, Charlie Baum y Michael Hale se unieron a la oposición.
Fuera del Capitolio, la resistencia también crece.
Más de 100 educadores y miembros de juntas escolares del condado de Hamilton firmaron una carta exigiendo que la medida sea retirada. Para ellos, el problema no es solo legal, sino humano.
“Los niños no deberían cargar con el peso de decisiones políticas de los adultos al entrar en nuestras escuelas”, expresó Jill Levine, directora del Centro de Artes Creativas de Chattanooga. “Nuestra labor es protegerlos, educarlos y apoyarlos, sin condiciones que generen miedo o incertidumbre”.
El profesor John Lennon, de la Escuela Preparatoria de Chattanooga, fue aún más directo: calificó como “inmoral” negar a un niño el derecho a una educación “adecuada y digna”.
Y hay otro factor que pesa: el dinero.
La versión anterior del proyecto no avanzó por el riesgo de que Tennessee perdiera hasta 1,100 millones de dólares en fondos federales. Una cifra que, en tiempos de presupuestos ajustados, no pasa desapercibida.
Pero la agenda no se detiene.
Otra propuesta dentro del paquete “Inmigración 2026”, la SB2108/HB1711, busca obligar a gobiernos locales a reportar listas de personas no ciudadanas que reciben beneficios. Además, abriría la puerta a que escuelas, hospitales e incluso prisiones recopilen y reporten información migratoria.
Para muchos, esto plantea una pregunta inquietante: ¿hasta dónde llegará el rol de maestros y médicos?
La senadora Dawn White, promotora de esta iniciativa, lo resume de forma sencilla:
“Necesitamos saber cuánto le está costando esto al estado de Tennessee. Se trata de un informe, simple y llanamente”.
Sin embargo, críticos señalan que el proyecto ni siquiera contempla el aporte fiscal de los inmigrantes, como el pago de impuestos sobre ventas.
Mientras tanto, el líder de la mayoría en la Cámara, William Lamberth, insiste en que el estado necesita datos claros sobre cuántos estudiantes sin estatus legal están en las escuelas. No detalló qué políticas surgirían de esa información.
La discusión sigue abierta.
Y en medio del debate, una realidad persiste: en las aulas de Tennessee, hay niños que solo quieren aprender, mientras los adultos deciden qué lugar ocuparán en el sistema.
