A menos de tres meses de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, el debate sobre quién tiene el control de las elecciones ha comenzado a trasladarse de los discursos políticos a los tribunales y a las oficinas electorales estatales.
Funcionarios de varios estados están preparando planes para responder ante posibles intentos de intervención federal, presencia de agentes en centros de votación o disputas sobre la certificación de los resultados.
La preocupación surge mientras el presidente Donald Trump ha cuestionado públicamente diferentes aspectos del sistema electoral y ha planteado la posibilidad de aumentar la participación del gobierno federal en la administración de las elecciones.
El tema es especialmente delicado porque, bajo el sistema estadounidense, los estados tienen la responsabilidad principal de organizar y administrar las elecciones.
Para algunos funcionarios electorales, el escenario dejó de ser una discusión teórica.
Fiscales generales estatales y administradores electorales han comenzado a analizar qué ocurriría si el gobierno federal intentara intervenir directamente en procesos que tradicionalmente son manejados por los estados y los condados.
Entre los escenarios que algunos funcionarios están contemplando se encuentra una eventual presencia federal en centros de votación, investigaciones en oficinas electorales locales o disputas sobre la certificación de resultados.
La preocupación principal no es necesariamente que ocurra una intervención a nivel nacional, sino que una elección muy cerrada en uno o varios estados pueda convertirse en el centro de una disputa política y legal.
En ese escenario, funcionarios locales podrían verse presionados para retrasar, cuestionar o rechazar la certificación de determinados resultados.
Trump ha defendido cambios importantes en la manera en que se realizan las elecciones y ha cuestionado el uso del voto por correo y otros mecanismos electorales.
En febrero, el presidente llegó a pedir que el gobierno federal “nacionalizara” las elecciones en determinados lugares, mientras continuaba cuestionando la existencia de fraude electoral generalizado, afirmaciones que no están respaldadas por evidencia de un fraude masivo en las elecciones recientes.
Más recientemente, su administración ha enfrentado demandas judiciales por medidas relacionadas con el voto por correo y la verificación de ciudadanía.
El 11 de agosto, una jueza federal en Boston bloqueó a nivel nacional parte de una orden ejecutiva de Trump que buscaba imponer nuevas restricciones relacionadas con el envío y procesamiento de boletas por correo.
La administración Trump pidió posteriormente a la Corte Suprema que intervenga en el caso.
Para los críticos de estas medidas, el problema central es que el gobierno federal estaría intentando modificar reglas electorales que corresponden principalmente a los estados.
Tennessee no está al margen de esta discusión.
Los votantes del estado se preparan para las elecciones generales de noviembre, en las que estarán en juego cargos federales y estatales. El calendario electoral oficial del estado está siendo administrado por la Secretaría de Estado de Tennessee y las comisiones electorales de cada condado.
En Memphis y el condado de Shelby, la administración de las elecciones corresponde a las autoridades electorales locales, dentro del marco establecido por las leyes de Tennessee y las normas federales.
Esto significa que cualquier intento de modificar las reglas electorales desde Washington podría generar una disputa sobre hasta dónde llega la autoridad federal y dónde comienza la responsabilidad de los estados.
Y ese debate podría tener consecuencias prácticas para los votantes: desde los requisitos para registrarse hasta la manera en que se emiten, reciben, cuentan y certifican las boletas.
Ante este escenario, legisladores de varios estados han impulsado leyes para establecer límites a la presencia de agentes federales, fuerzas militares o determinadas autoridades en los centros de votación.
California, Connecticut, Illinois, Maryland, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island y Virginia se encuentran entre los estados que han aprobado recientemente medidas relacionadas con la protección de los centros de votación y la prevención de intimidación electoral.
La intención de estas leyes no es solamente prepararse para una intervención federal. También buscan establecer con anticipación qué pueden y qué no pueden hacer las autoridades externas cuando los votantes estén ejerciendo su derecho.
Funcionarios electorales locales han realizado simulacros para responder a diferentes tipos de emergencias, desde incendios y desastres naturales hasta posibles interrupciones relacionadas con el proceso electoral.
Uno de los escenarios que ha generado preguntas es la posible presencia de agentes de inmigración cerca de los centros de votación.
ICE ha dicho que no planea realizar operaciones dirigidas específicamente contra los lugares de votación.
La agencia ha señalado, sin embargo, que sus agentes podrían intervenir si existiera una amenaza relacionada con la seguridad pública.
La diferencia es importante para comunidades inmigrantes, particularmente en estados y ciudades donde existe preocupación sobre el impacto que la presencia de agentes federales podría tener en la participación electoral.
Aunque las personas que no son ciudadanas estadounidenses no pueden votar en elecciones federales, la presencia de agentes de inmigración cerca de un centro de votación podría generar temor o confusión entre ciudadanos que sí tienen derecho a votar.
Al mismo tiempo, republicanos en diferentes estados han respaldado iniciativas para reforzar la verificación de ciudadanía de los votantes.
Uno de esos estados es Mississippi, donde una nueva ley exige documentación para comprobar la ciudadanía al momento del registro electoral.
Los defensores de estas medidas argumentan que buscan proteger la integridad de las elecciones.
Sus críticos, en cambio, advierten que exigir documentos específicos puede terminar afectando a ciudadanos elegibles que no los tengan disponibles, particularmente personas de bajos ingresos, adultos mayores o quienes enfrenten dificultades para obtener documentos oficiales.
La participación de personas no ciudadanas en elecciones federales ya está prohibida por la legislación estadounidense. El debate actual gira principalmente en torno a cómo deben verificar los estados que una persona cumple con los requisitos para votar sin crear obstáculos adicionales para ciudadanos elegibles.
La discusión tampoco se divide completamente entre demócratas y republicanos.
En Mississippi, el senador estatal republicano Jeremy England, quien respaldó medidas de verificación de ciudadanía, también rechazó la idea de que Washington tome el control de las elecciones.
Su argumento refleja una posición que también ha aparecido entre otros funcionarios republicanos: una cosa es reforzar las reglas electorales y otra muy diferente es entregar al gobierno federal el control de un sistema administrado principalmente por los estados.
El secretario de Estado de New Hampshire, David Scanlan, también ha defendido el papel de los funcionarios locales y señaló que cualquier intento de cuestionar los resultados debería estar acompañado de pruebas.
El escenario que más preocupa a algunos funcionarios no es necesariamente un fraude masivo ni una intervención generalizada.
Es una elección extremadamente cerrada.
Si una contienda termina dependiendo de unos pocos miles de votos en uno o varios estados, cualquier cuestionamiento sobre las boletas, el voto por correo, la certificación o la elegibilidad de los electores podría desencadenar una batalla legal y política.
Ese es precisamente el escenario que algunos funcionarios estatales dicen estar intentando evitar.
La idea es que las reglas estén claras antes de que comiencen las votaciones y que los funcionarios sepan cómo responder ante cualquier intento de interferencia.
El debate llega en un momento particularmente sensible para Estados Unidos.
Las elecciones de mitad de mandato determinarán el control del Congreso y de numerosas legislaturas estatales. Para la administración Trump, el resultado también podría convertirse en un indicador del respaldo político a su segundo mandato.
Por eso, funcionarios electorales de ambos partidos enfrentan una responsabilidad que va más allá de contar votos.
Deben garantizar que los ciudadanos puedan votar, que las boletas sean contabilizadas conforme a la ley y que los resultados sean certificados sin intimidación ni interferencias.
En Tennessee, como en el resto del país, la atención estará puesta en los procedimientos que se utilicen para proteger ese proceso.
La pregunta que comienza a dominar el debate electoral no es solamente quién ganará en noviembre, sino también si todos los actores políticos estarán dispuestos a aceptar los resultados cuando las cifras no sean las que esperaban.
Fuente y contexto: Esta nota fue elaborada por Memphis Noticias a partir de información publicada originalmente por Stateline, parte de States Newsroom, además de documentos oficiales y reportes recientes sobre los litigios electorales. La información fue reorganizada, contextualizada y redactada de manera independiente para la audiencia de Memphis Noticias.
