En una declaración que promete tensar aún más el debate sobre la inmigración en Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump confirmó este lunes que planea declarar la emergencia nacional y emplear al ejército en la ejecución de un programa de deportaciones masivas, una promesa que fue pieza clave de su reciente campaña presidencial.
Trump hizo el anuncio a través de Truth Social, su plataforma de redes sociales, calificando como “cierto” el reporte publicado por Tom Fitton, presidente de la organización conservadora Judicial Watch. En su publicación, Fitton afirmaba que la nueva administración estaba “preparada para declarar la emergencia nacional” y usar “recursos militares” para “revertir la invasión” que, según él, se ha producido bajo la administración del presidente Joe Biden. Trump respondió de manera directa y lacónica: “Cierto”.
La ley de Enemigos Extranjeros y la emergencia nacional
Aunque Trump no ha detallado el operativo de las deportaciones, previamente aseguró que estas serían más amplias que cualquier esfuerzo similar llevado a cabo por sus predecesores. En octubre, el presidente electo adelantó que usaría la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma promulgada en 1798 y diseñada para tiempos de guerra, que permite la expulsión de extranjeros sin el debido proceso legal. Aunque esta ley solo se ha invocado en conflictos armados, Trump podría activarla sin la aprobación del Congreso.
Diversas administraciones en el pasado han utilizado al ejército para reforzar la seguridad fronteriza, pero la ley federal prohíbe al presidente usar las fuerzas armadas como policía dentro del país, según el Centro Brennan para la Justicia. No obstante, Trump ya ha apelado a una emergencia nacional con anterioridad para justificar el desvío de fondos militares en la construcción del muro fronterizo durante su primera administración, acción que provocó una oleada de demandas por parte de organizaciones de derechos civiles.
Impacto económico y social de las deportaciones masivas
Especialistas advierten sobre el descomunal costo de un programa de deportaciones de la magnitud que plantea Trump. Economistas calculan que deportar a millones de personas podría costar a los contribuyentes estadounidenses hasta un billón de dólares, y tendría un efecto devastador en la economía, disparando los precios de bienes y servicios esenciales como alimentos y vivienda. Giovanni Peri, economista de la Universidad de California en Davis, explicó que el plan representaría “una pérdida de ingresos y producción gigantesca” al eliminar una porción significativa de la mano de obra del país.
Según datos del Pew Research Center, al menos 1.5 millones de indocumentados trabajan en la construcción, representando el 13% de la fuerza laboral en el sector. La deportación de estos trabajadores impactaría duramente a la economía, afectando especialmente la infraestructura, la agricultura y otros sectores que dependen de la labor de inmigrantes indocumentados.
¿Quiénes serán prioridad?
Aunque se estima que en el país residen unos 11 millones de personas en situación irregular, Trump ha sugerido que su plan alcanzaría hasta 20 millones de personas, sin detallar de qué manera calcula ese incremento. El exdirector de ICE y futuro “zar de la frontera,” Tom Homan, declaró que la nueva administración dará prioridad a los inmigrantes con órdenes de deportación ya emitidas por jueces de inmigración. “Vamos a enfocarnos en aquellos que ya pasaron por el debido proceso y no se marcharon; son fugitivos”, afirmó Homan.
Por su parte, el vicepresidente electo JD Vance, en declaraciones de agosto pasado, sostuvo que la administración también se concentrará en la expulsión de “criminales violentos” y en obstaculizar la contratación de mano de obra ilegal que, según él, “perjudica los salarios de los trabajadores estadounidenses”.
‘Operación Aurora’ y medidas extremas
En la recta final de su campaña, Trump también anunció una iniciativa conocida como ‘Operación Aurora’, inspirada en un caso reciente en el pueblo homónimo de Colorado, donde se reportó la actividad de la banda criminal venezolana Tren de Aragua. Esta operación, según explicó el presidente electo, desplegará “escuadrones de élite” de la policía federal, patrulla fronteriza y agentes de la ley para capturar y deportar a miembros de pandillas de inmigrantes indocumentados.
Además, Trump ha propuesto aplicar la pena de muerte a cualquier inmigrante que asesine a un ciudadano estadounidense o a un policía. Al respecto, señaló recientemente en una entrevista con NBC News: “No es una cuestión de costo. Realmente, no tenemos otra opción. Hay personas que han asesinado, capos de la droga que han destruido países, y van a regresar a esos países porque aquí no se quedan”.
Este plan, sin embargo, plantea un desafío logístico sin precedentes en la historia reciente del país, además de un alto costo financiero y humano que, según los expertos, podría transformar profundamente el tejido social y económico de Estados Unidos.
