En Tennessee, un controvertido proyecto de ley busca implementar cursos obligatorios de seguridad con armas para todos los estudiantes del estado. La legislación, conocida como la Ley de Escuelas de Tennessee contra la Violencia en la Educación (SAVE), actualmente aborda estrategias de seguridad escolar, emergencias y la prohibición de armas en las instituciones educativas.

La propuesta pretende añadir un currículo específico sobre seguridad con armas a la Ley SAVE, con la novedad de que los padres no tendrían la opción de excluir a sus hijos de esta formación. La edad para comenzar la capacitación sería determinada por tres agencias estatales: el Departamento de Seguridad y Seguridad Nacional de Tennessee, el Departamento de Educación de Tennessee y la Agencia de Recursos de Vida Silvestre de Tennessee.

Según el representante republicano Chris Todd, promotor del proyecto, los cursos se enfocarían en aspectos como el almacenamiento seguro de armas, la seguridad escolar relacionada con armas y cómo actuar si un estudiante encuentra un arma. Todd destaca que la instrucción se impartiría desde un punto de vista neutral en temas políticos sobre el derecho a portar armas, la violencia armada y la Segunda Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Además, subraya que no incluiría el uso o la presencia de munición real, fuego real o armas reales.

Aunque Todd ve esta propuesta como una extensión lógica de la formación en seguridad ya existente en el marco de la Ley SAVE, algunos demócratas expresan su preocupación. La representante Gloria Johnson sostiene que este enfoque normaliza la violencia armada en las escuelas, rechazando la idea de aceptarla como una “nueva normalidad”. Además, señala que obligar a los estudiantes a tomar estos cursos podría dejar a algunos sin el apoyo de un padre en casos de historial de violencia armada en la familia.

El proyecto también enfrenta debates sobre la posibilidad de exclusión voluntaria. El representante Vincent Dixie aboga por permitir a los padres decidir si desean que sus hijos participen en estos cursos, especialmente por razones religiosas. Sin embargo, el representante Mark Cochran argumenta que la probabilidad de que los menores se encuentren con armas en algún momento hace que la exclusión sea irrazonable.

A medida que el proyecto avanza, la polarización de opiniones entre demócratas y republicanos refleja la complejidad y la sensibilidad de la propuesta, que busca equilibrar la seguridad con la autonomía parental y la percepción de la violencia armada en las instituciones educativas.