En un momento en que los desastres naturales no dan tregua, Tennessee decidió pisar el freno. El presupuesto estatal para 2027 redujo de forma significativa el fondo destinado a responder a emergencias, dejando en el aire una pregunta incómoda: ¿está el estado preparado para lo que viene?
El llamado Fondo de Respuesta y Recuperación del Gobernador, diseñado para ayudar cuando la asistencia federal no alcanza o simplemente no llega, recibirá 44.2 millones de dólares. Es menos de la mitad de los 100 millones propuestos inicialmente por el gobernador Bill Lee. El recorte asciende a 55.8 millones.
Este fondo nació con un objetivo claro: cubrir los vacíos que deja FEMA, especialmente en desastres menores que no califican para una declaración federal. También busca aliviar la carga de comunidades que no pueden esperar meses o años por reembolsos federales.
Y es que la realidad golpea. Desde enero de 2023, Tennessee ha enfrentado 11 desastres sin apoyo federal. En la última década, el estado ha vivido, en promedio, un desastre cada ocho meses. No es teoría. Es experiencia reciente.
“El presupuesto de 58 mil millones de dólares refleja un regreso a un entorno económico más normal”, afirmó el líder de la mayoría del Senado, Jack Johnson. Sin embargo, ese “regreso a la normalidad” incluye recortes en un área crítica.
El líder de la Cámara de Representantes, William Lamberth, defendió la decisión: “Tomamos la decisión responsable de ajustar ese financiamiento, preservando la capacidad del estado para atender emergencias”. Pero no explicó cómo este recorte impactará directamente las operaciones del fondo.
Silencio también desde otras oficinas. Ni representantes del gobernador Lee ni la Agencia de Manejo de Emergencias de Tennessee (TEMA) respondieron a solicitudes de comentarios.
Mientras tanto, en el terreno, la historia es otra.
El alcalde del condado de McNairy, Larry Smith, lo dijo sin rodeos: su comunidad aún espera millones en reembolsos por el tornado que azotó Selmer en 2025. A eso se suma el costo de remover escombros tras una tormenta de hielo en enero. ¿El problema? FEMA puede tardar al menos dos años en procesar pagos.
“Eso pone en aprietos a cualquier condado pequeño”, dejó entrever Smith.
El fondo estatal prometía ser un salvavidas: subvenciones, préstamos con bajos intereses o incluso sin intereses. Pero con menos recursos, su alcance ahora es limitado.
El senador demócrata Jeff Yarbro fue directo: “Reducir este fondo demuestra que el estado no puede permitirse que FEMA reduzca su apoyo”. Y fue más allá: con el nivel actual, el fondo solo cubrirá “algunas carencias”.
Detrás del recorte hay decisiones políticas. Legisladores redirigieron recursos hacia otras prioridades: reembolsos médicos, aeropuertos comerciales y la expansión del programa de vales escolares, que podría costar más de 270 millones de dólares.
El senador republicano Bo Watson destacó que 25 millones se asignaron a aeropuertos como muestra de “compromiso estatal”. También respaldó la expansión de becas educativas, mientras críticos señalan que es el mayor aumento discrecional del presupuesto.
En paralelo, avanza una reestructuración del control de aeropuertos clave en ciudades como Nashville, Memphis, Knoxville y Chattanooga, con nuevas juntas mayormente designadas por líderes estatales. Un movimiento que ya genera tensiones legales.
