Una nueva batalla legal se abre en Tennessee. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda contra el Grupo de Trabajo de Seguridad de Memphis y otros funcionarios estatales y federales, acusándolos de utilizar ilegalmente la llamada “Ley Halo” para intimidar y detener a ciudadanos que documentan operativos policiales.
La demanda fue presentada en representación de cuatro residentes de Memphis, entre ellos un exeducador, quienes aseguran haber sido objeto de amenazas, persecución e incluso arrestos por grabar y observar intervenciones de las autoridades.
La “Ley Halo”, aprobada el año pasado en Tennessee, obliga a las personas a mantenerse a una distancia mínima de 7.6 metros (25 pies) de los agentes del orden cuando estos les ordenan retroceder. Quienes incumplan pueden enfrentar hasta seis meses de cárcel y multas de 500 dólares.
Los republicanos que impulsaron la legislación defendieron la medida asegurando que busca proteger tanto a oficiales como a civiles durante situaciones de alto riesgo.
“Tienen derecho a decir: ‘Pueden filmarme, pueden gritarme, pueden hacer lo que quieran, pero mientras hago esto, manténganse a 7.6 metros (25 pies) de distancia’”, expresó el senador estatal Mark Pody, republicano de Lebanon, durante el debate legislativo.
Pero desde su aprobación, organizaciones civiles y algunos legisladores demócratas advirtieron que la ley podría convertirse en una herramienta para limitar el derecho constitucional de documentar la actuación policial.
Según la ACLU, eso es exactamente lo que está ocurriendo en Memphis.
La organización asegura que miembros del Grupo de Trabajo de Seguridad han utilizado tácticas de intimidación contra ciudadanos que intentan grabar operativos. Entre las acusaciones incluidas en la demanda se encuentran maniobras agresivas con vehículos, persecuciones hasta sus viviendas, amenazas de arresto y arrestos ejecutados bajo el amparo de la Ley Halo.
“Esta aplicación de la Ley Halo contra nuestros clientes está vulnerando su capacidad de observar lo que sucede frente a ellos”, afirmó la abogada de la ACLU, Zee Scout.
“Está perjudicando activamente su capacidad para presenciar posibles abusos policiales que desean documentar y que legalmente tienen derecho a grabar”, agregó.
Scout aseguró además que muchos de los ciudadanos señalados ni siquiera se encontraban dentro del límite de 7.6 metros establecido por la ley.
“A menudo, ni siquiera están cerca de una escena activa. Y ese es precisamente parte del problema: muchas veces es difícil determinar qué está ocurriendo”, señaló.
La ACLU sostiene que estas acciones representan una violación directa a los derechos protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Ahora, la organización solicita a un juez que declare inconstitucional la forma en que se está aplicando la Ley Halo y ordene al Grupo de Trabajo de Seguridad de Memphis detener cualquier acción de represalia contra ciudadanos que documenten la labor policial.
“Lo que estamos viendo aquí también ocurre en otras partes del país”, dijo Scout. “Existe un patrón preocupante de abusos y es fundamental proteger estos derechos”.
El caso vuelve a colocar sobre la mesa un debate sensible en Tennessee y en todo Estados Unidos: hasta dónde llega la autoridad policial y dónde comienza el derecho de los ciudadanos a vigilar a quienes ejercen el poder.
