Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, líderes religiosos y grupos comunitarios de Tennessee cuestionaron este jueves la reciente operación migratoria realizada en Memphis y advirtieron sobre las posibles consecuencias del centro de coordinación que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) planea establecer en Nashville.
Durante una conferencia de prensa virtual, los participantes centraron sus críticas en dos hechos que, según dijeron, forman parte de una estrategia más amplia para ampliar las operaciones de deportación: la redada realizada en Memphis el pasado 30 de agosto y el proyecto de un centro de llamadas de ICE que funcionaría las 24 horas del día para coordinar acciones de aplicación de las leyes migratorias en distintas partes del país.
Los organizadores señalaron que 121 personas fueron detenidas durante la operación en Memphis, una acción que, según denunciaron, ha generado preocupación entre familiares, trabajadores y organizaciones comunitarias.
Lisa Sherman Luna, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC), describió el impacto de la operación en las familias y comunidades afectadas.
“La desaparición de 120 personas en plena noche conmociona a toda la comunidad: padres que no regresan a casa, compañeros de piso y amigos que dejan de contestar el teléfono, y trabajadores y empresarios que no se presentan a trabajar el lunes por la mañana”, afirmó.
Sherman Luna sostuvo que las operaciones migratorias tienen consecuencias que van más allá de las personas detenidas y afectan a comunidades enteras.
Líder religioso se opone al proyecto de ICE en Nashville
El reverendo Rick Roberts, pastor de la Iglesia Luterana de San Juan en Donelson, Tennessee, también expresó su rechazo al proyecto de ICE.
Roberts afirmó que, independientemente del lugar de nacimiento, situación económica o estatus migratorio, todas las personas merecen dignidad y protección.
El pastor cuestionó particularmente la falta de información pública sobre las funciones que tendría el nuevo centro.
“Me opongo firmemente al plan del ICE de establecer en mi comunidad de Donelson una Línea Directa Nacional contra la Crueldad de los Delincuentes”, señaló Roberts, quien agregó que existe preocupación por la falta de transparencia del Departamento de Seguridad Nacional y de ICE.
Advierten que el centro sería más que una línea telefónica
Durante la conferencia, Adriana Rivera, directora de Comunicaciones de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), cuestionó la descripción del proyecto como un simple centro nacional de llamadas.
Rivera sostuvo que, de acuerdo con los documentos de contratación de ICE, la instalación estaría diseñada para operar 24 horas al día, siete días a la semana, y tendría capacidad para manejar entre 6,000 y 7,000 llamadas diarias.
La operación estaría relacionada con agencias policiales estatales y locales que participan en acuerdos 287(g), mediante los cuales determinadas agencias pueden colaborar con ICE en la aplicación de leyes federales de inmigración.
Rivera calificó el proyecto como una infraestructura destinada a ampliar la coordinación de las operaciones migratorias.
“Eso no es una línea directa. Eso es un centro de mando para la aplicación de la ley”, afirmó.
Memphis como ejemplo de una estrategia que podría expandirse
Hadi Sedigh, estratega principal del National Immigration Law Center, dijo que lo ocurrido en Memphis podría convertirse en un modelo para otras comunidades si continúa la expansión de los acuerdos 287(g) y de los grupos de trabajo conjuntos entre agencias locales y federales.
“Lo que está sucediendo ahora en Tennessee evoca la violenta aplicación de la ley de inmigración que presenciamos en ciudades como Chicago, Minneapolis y Los Ángeles, y presagia una mayor agresión en comunidades de todo el país”, afirmó Sedigh.
El representante del National Immigration Law Center sostuvo que los acuerdos entre agencias locales y federales pueden ampliar la participación de departamentos de policía estatales y locales en operaciones migratorias.
Según Sedigh, esto también puede provocar que recursos destinados a la seguridad pública local terminen vinculados a labores de inmigración federal.
Organizaciones exigen tres acciones
Al finalizar la conferencia, los organizadores plantearon tres demandas específicas a las autoridades:
- Poner fin al Grupo de Trabajo de Seguridad de Memphis y a las operaciones migratorias que, según las organizaciones, permite.
- Cancelar el contrato de $63 millones relacionado con el centro de llamadas de ICE que se proyecta en Nashville.
- Identificar y liberar de inmediato a las personas detenidas el 30 de agosto, además de detener cualquier traslado de los detenidos fuera del estado de Tennessee.
Los grupos participantes señalaron que continuarán organizándose en Memphis, Nashville y otras partes del país para oponerse a las redadas y a cualquier infraestructura que, según ellos, permita ampliar las deportaciones.
Para los organizadores, el debate no se limita a la política migratoria federal. También involucra el uso de recursos públicos, la participación de agencias policiales locales y el impacto que estas operaciones tienen sobre familias y comunidades de Tennessee.
La exigencia central expresada durante la conferencia fue clara: detener las redadas y frenar la expansión de la infraestructura que permite ampliar las operaciones de deportación.
