Una madre guatemalteca que aún amamantaba a su bebé de 10 meses fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras colocaba a sus dos hijos en el automóvil para llevarlos a una cita médica en Nashville, Tennessee. Hoy permanece recluida en un centro de detención en Louisiana, a casi 700 millas de su familia, mientras organizaciones de derechos civiles denuncian que su arresto violó las propias políticas del gobierno federal.
La mujer, identificada públicamente con el seudónimo de María Pérez para proteger su identidad, había huido de Guatemala tras sufrir, según sus abogados, un caso de violencia doméstica extrema. Al momento de su detención se encontraba en proceso de solicitar asilo en Estados Unidos y, de acuerdo con sus representantes legales, no tiene antecedentes penales.
Pérez es madre de un bebé de 10 meses, al que todavía amamantaba cuando fue arrestada, y de un niño de 2 años con síndrome de Down.
De acuerdo con la denuncia presentada por Sanctuary of the South y la Coalición de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC), el pasado 19 de mayo agentes de ICE llegaron a su vivienda con el propósito de localizar al padre de los menores, quien enfrenta cargos federales en un caso separado.
Sin embargo, María Pérez no era el objetivo de la operación ni estaba incluida en ninguna orden judicial. Aun así, fue detenida mientras preparaba a sus hijos para salir hacia una consulta médica.
Días después fue trasladada al Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Louisiana, en Basile, donde permanece bajo custodia.
Las organizaciones denunciaron que, desde entonces, los dos menores quedaron al cuidado de una vecina debido a que la familia no cuenta con otros familiares o una red de apoyo cercana.
Katie Blankenship, fundadora y directora legal de Sanctuary of the South, calificó lo ocurrido como una experiencia devastadora.
“A una madre que simplemente estaba colocando a sus hijos en sus asientos de seguridad para llevarlos al médico le arrebataron a sus hijos. Es la peor pesadilla que una madre puede vivir”, declaró.
Los grupos defensores presentaron una denuncia ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), argumentando que ICE incumplió una directiva interna que establece que las mujeres embarazadas, en período de posparto o de lactancia no deben ser detenidas, salvo en circunstancias excepcionales relacionadas con la seguridad pública o nacional.
La denuncia cuenta con el respaldo de la ACLU de Louisiana, el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy y Amnistía Internacional.
“ICE y el Departamento de Seguridad Nacional siguen mostrando un desprecio flagrante no solo por sus propias políticas, sino también por la humanidad básica”, afirmó Spring Miller, directora de estrategia legal de TIRRC.
Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido una respuesta oficial sobre el caso.
Mientras tanto, los abogados de María Pérez presentaron una solicitud de libertad condicional por razones humanitarias y un recurso de habeas corpus ante un tribunal federal para solicitar su liberación mientras continúa su proceso de asilo.
Por su parte, Nora Ahmed, directora legal de la ACLU de Louisiana, cuestionó la actuación de las autoridades migratorias.
“¿Por qué ICE violaría sus propias reglas para detener a una madre lactante que ha seguido el proceso legal del sistema migratorio? En el proceso, esta decisión separó a una familia y puso en riesgo el bienestar de dos niños”, afirmó.
El caso ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos e inmigración, que sostienen que el aumento de los operativos migratorios en Estados Unidos ha provocado un incremento en la detención de mujeres embarazadas, en período de posparto y de lactancia, pese a que las políticas federales contemplan restricciones para este tipo de procedimientos.
