Departamento de Justicia de EE.UU. pide desestimar demanda contra xAI en Memphis y Mississippi

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicita la desestimación de la demanda contra xAI en Memphis y Misisipisolicita la desestimación de la demanda contra xAI en Memphis y Misisipi

MEMPHIS, Tennessee. – El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a un tribunal federal la desestimación de la demanda presentada por la NAACP contra las operaciones de xAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, en Memphis y Mississippi, argumentando que las instalaciones son fundamentales para la seguridad nacional del país.

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Esta semana, el Departamento de Justicia presentó una moción ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de Mississippi para intervenir en el caso y pedir que la demanda sea rechazada.

La acción legal presentada por la NAACP y la Conferencia Estatal de la NAACP en Mississippi acusa a xAI y a MZX Tech LLC de operar centros de datos y turbinas de gas sin los permisos ambientales requeridos, además de exceder los límites permitidos de contaminación atmosférica.

Actualmente, xAI opera dos instalaciones en el sur de Memphis y una en el norte de Mississippi. Los demandantes buscan detener sus operaciones y solicitan la imposición de multas civiles que podrían alcanzar los 124,500 dólares diarios por presuntas violaciones a la Ley de Aire Limpio.

Sin embargo, el gobierno federal sostiene que la demanda representa una amenaza para la seguridad nacional, económica y energética de Estados Unidos, ya que podría interrumpir el suministro eléctrico necesario para el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial utilizadas en apoyo de operaciones militares.

En su presentación judicial, el Departamento de Justicia argumenta que la facultad de hacer cumplir las leyes federales corresponde al Poder Ejecutivo y que la Ley de Aire Limpio otorga al gobierno federal la autoridad principal en materia de aplicación de la normativa ambiental.

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Críticas desde Tennessee

La intervención federal fue duramente criticada por el representante estatal Justin Pearson, demócrata de Memphis y actual candidato al Congreso por el Noveno Distrito de Tennessee.

Pearson calificó la participación del Departamento de Justicia como una “interferencia” en una demanda civil y afirmó que se trata de “otro ejemplo de cómo la administración Trump ha utilizado al gobierno, financiado con los impuestos de los ciudadanos, en contra de las propias comunidades”.

Además, acusó al gobierno federal de intentar proteger a Elon Musk para favorecer sus intereses económicos, mientras limita las opciones legales de los residentes que buscan defenderse de la contaminación del aire, el desperdicio de agua potable y el aumento en los costos de energía.

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El papel de Grok

La demanda federal destaca que las instalaciones cuestionadas suministran energía a los centros de datos que respaldan a Grok, el modelo de inteligencia artificial desarrollado por xAI.

Según el Departamento de Justicia, el Departamento de Calidad Ambiental de Mississippi determinó previamente que el estado no estaba obligado a obtener permisos para la operación de las turbinas señaladas en la demanda.

El gobierno también asegura que “la operación y disponibilidad continua de Grok es una cuestión de máxima seguridad nacional”, describiéndolo como uno de los pocos modelos avanzados de inteligencia artificial capaces de respaldar aplicaciones relacionadas con la defensa nacional y operaciones en redes clasificadas.

Incluso, la presentación judicial afirma que Grok ayudó a las fuerzas estadounidenses a identificar aproximadamente 2,000 objetivos durante la operación militar contra Irán que comenzó en febrero.

Crece la oposición a los centros de datos

La intervención del gobierno federal ocurre mientras aumenta la preocupación ciudadana en distintas comunidades de Tennessee por la expansión de centros de datos de gran escala.

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Grupos comunitarios han expresado oposición a nuevos proyectos, incluyendo una instalación propuesta cerca del Zoológico de Nashville y otra en los alrededores de la Universidad Fisk, argumentando preocupaciones relacionadas con el consumo energético, el impacto ambiental y el uso de recursos públicos.

El caso continúa en los tribunales mientras se debate el equilibrio entre el desarrollo de la inteligencia artificial, la protección ambiental y los intereses de seguridad nacional.