Una nueva directiva del Departamento de Salud de Tennessee ha generado preocupación entre médicos, proveedores de salud pública y organizaciones comunitarias, luego de que se notificara a familias que la información de menores sin estatus migratorio legal podría ser compartida con autoridades estatales y federales de inmigración si continúan recibiendo beneficios médicos a través de un programa especializado después del 30 de junio.
Las cartas enviadas por el Departamento de Salud estatal informan a los padres que los niños inscritos en el programa Servicios Especiales para Niños (Children’s Special Services) y que no cuenten con un estatus migratorio legal podrían ser reportados a la División Centralizada de Control de Inmigración del Departamento de Seguridad de Tennessee, una agencia que comparte información con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El programa ofrece asistencia médica a niños de bajos ingresos con enfermedades graves o discapacidades, incluyendo pacientes con cáncer, espina bífida, insuficiencia cardíaca, enfermedades terminales, dependencia de ventiladores mecánicos y otras condiciones complejas. Durante décadas, el servicio ha estado disponible sin importar el estatus migratorio de los menores.
La medida surge tras la aprobación de una ley estatal firmada por el gobernador Bill Lee el pasado 22 de mayo, que exige la verificación del estatus migratorio de quienes solicitan beneficios públicos en Tennessee. Sin embargo, algunos funcionarios de salud cuestionan la interpretación de la ley, ya que el texto establece que el requisito aplica a personas de 18 años o más.
El doctor Sanmi Areola, director del Departamento de Salud Pública del Área Metropolitana de Nashville, expresó preocupación por el impacto que la medida podría tener en niños con necesidades médicas críticas.
“Estos son algunos de los niños con mayores necesidades de salud, y si no tienen acceso a atención médica o medicamentos, es difícil imaginar un resultado positivo”, señaló.
Según datos estatales, 4,640 menores participaron en el programa durante el año fiscal 2024, con un costo aproximado de $2.9 millones. El Departamento de Salud de Tennessee no ha informado cuántos niños podrían verse afectados por los nuevos requisitos.
Organizaciones médicas y proveedores de salud advierten que algunas familias podrían verse obligadas a elegir entre continuar recibiendo tratamientos esenciales o evitar que su información sea compartida con autoridades migratorias.
Katie Richards, presidenta y directora ejecutiva de Siloam Health, organización que atiende principalmente a familias inmigrantes, afirmó que la situación coloca a muchos padres en una posición difícil.
“Se está poniendo a los padres en una situación en la que tienen que tomar decisiones inimaginables. Deben enfrentar el riesgo de la deportación o renunciar a una atención médica que podría salvar la vida de sus hijos”, expresó.
Siloam Health refiere cada año entre 20 y 50 niños al programa estatal. Entre ellos hay pacientes que requieren oxígeno, alimentación por sonda, tratamientos contra el cáncer, control de convulsiones y sillas de ruedas debido a enfermedades neuromusculares graves.
Por su parte, la pediatra Jill Obremsky, quien anteriormente trabajó en clínicas rurales del sistema de salud pública estatal, destacó que el programa no solo proporciona tratamientos médicos, sino que también coordina servicios que permiten mejorar significativamente la calidad de vida de los menores.
Mientras tanto, funcionarios de salud pública en Nashville buscan alternativas para las familias afectadas, aunque reconocen que las opciones son limitadas debido a que el programa funciona como una red de apoyo de último recurso para niños que no cuentan con Medicaid ni seguro médico privado.
La doctora Morgan McDonald, integrante de la Junta de Salud de Nashville y exsubcomisionada del Departamento de Salud estatal, cuestionó la aplicación de la ley a menores de edad y afirmó que el programa también está sujeto a regulaciones federales que no exigen la verificación del estatus migratorio de los niños.
Hasta el momento, los patrocinadores republicanos de la legislación y la oficina del gobernador Bill Lee no han respondido públicamente a las preguntas sobre si la intención de la ley era incluir a menores que reciben atención médica a través de este programa.
Funcionarios de salud y proveedores médicos continúan solicitando una solución inmediata para evitar que niños con enfermedades graves pierdan acceso a tratamientos y servicios esenciales.
