Un juez federal en Tennessee desestimó este viernes los cargos criminales por supuesto tráfico humano contra el inmigrante salvadoreño Kilmar Abrego García, al concluir que el caso presentado por el Gobierno de Donald Trump estuvo marcado por un “abuso procesal” y motivaciones de represalia.
La decisión representa un duro golpe para las autoridades federales y revive el debate sobre las políticas migratorias impulsadas durante la administración Trump.
Abrego García había sido deportado por error a El Salvador en marzo de 2025, pese a existir una orden judicial que lo protegía de ser expulsado de Estados Unidos. Después de una intensa batalla legal, el Gobierno republicano permitió su retorno al país, pero bajo nuevas acusaciones relacionadas con supuesto tráfico de inmigrantes.
Según la imputación federal, en 2022 el salvadoreño fue detenido por una infracción de tránsito y, durante la inspección del vehículo, agentes sospecharon que participaba en actividades de contrabando de personas. Abrego siempre negó las acusaciones.
Sin embargo, el juez federal Waverly D. Crenshaw Jr. determinó que el caso carecía de fundamentos sólidos y señaló que la actuación del Gobierno estuvo “manchada” por un interés de castigar al inmigrante por haber desafiado legalmente su deportación.
“Las pruebas presentadas ante este tribunal tristemente muestran un abuso del poder procesal”, escribió el juez en su resolución.
Crenshaw fue más allá. Dijo que, si Abrego García no hubiera demandado exitosamente para frenar su expulsión a El Salvador, el Gobierno probablemente nunca habría presentado cargos criminales en su contra.
La resolución judicial también cuestiona directamente la investigación impulsada por el fiscal general interino Todd Blanche. El juez sostuvo que la reapertura del caso de 2022 se hizo utilizando evidencia que ya existía desde entonces y que no representaba ningún hallazgo nuevo.
“Si en 2022 se hubiera hecho la diligencia debida procesal, se habrían encontrado todos estos videos de cámaras de seguridad”, señaló Crenshaw. “Retomar ahora esa evidencia no justifica reabrir una investigación que ya había sido cerrada”, agregó.
El tribunal revisó paso a paso cómo funcionarios de la administración Trump intentaron fortalecer las acusaciones durante el último año, mientras paralelamente buscaban deportar nuevamente al salvadoreño, incluso considerando países africanos como posibles destinos.
Para el juez, todo apuntaba a una estrategia para evadir fallos previos emitidos por la jueza Paula Xinis, quien había ordenado que el Gobierno no podía seguir intentando detener o deportar a Abrego García sin fundamentos legales.
Xinis había advertido en repetidas ocasiones que no existía base jurídica para mantener al inmigrante encarcelado.
El caso de Kilmar Abrego García se ha convertido en uno de los más simbólicos dentro de la batalla judicial contra las políticas migratorias más agresivas implementadas durante la era Trump.
El salvadoreño huyó hace más de una década de las amenazas de pandillas en El Salvador y logró establecerse en Maryland junto a su esposa estadounidense y sus tres hijos. Un juez migratorio le había permitido permanecer en Estados Unidos al reconocer el peligro que enfrentaba en su país natal.
Pero un “error administrativo” terminó enviándolo de regreso a El Salvador, desatando una tormenta legal que ahora deja otra fuerte crítica judicial contra el manejo del caso por parte del Gobierno federal.
La decisión del juez Crenshaw no solo cierra este proceso criminal. También deja una pregunta que sigue resonando dentro y fuera de las cortes federales: ¿hasta dónde puede llegar el poder del Gobierno cuando un inmigrante decide pelear su caso en los tribunales?
