NASHVILLE, TENNESSEE — La disputa por el nuevo mapa de distritos congresionales en Tennessee ya está en manos de la justicia, y el Estado ha decidido plantar cara. En una respuesta presentada ante el Tribunal de Equidad del condado de Davidson, los abogados estatales solicitaron que se rechace la petición de emergencia de la NAACP de Tennessee, que busca bloquear la entrada en vigor del rediseño electoral antes de las elecciones de 2026.
La controversia estalló apenas horas después de que el gobernador Bill Lee firmara la ley que autoriza el nuevo mapa de la Cámara de Representantes de EE. UU. en el estado. La medida reorganiza los distritos congresionales y, de manera significativa, divide el único distrito con mayoría afroamericana y tendencia demócrata en la ciudad de Memphis, un cambio que ha encendido las alarmas en sectores de derechos civiles.
La presidenta de la NAACP de Tennessee, Gloria Sweet-Love, junto con la Conferencia Estatal de la organización, presentó una petición de emergencia el 7 de mayo ante el Tribunal de Equidad del condado de Davidson. Su argumento central es que el proceso legislativo que dio origen al nuevo mapa viola la Constitución estatal y excede los límites de la convocatoria de la sesión extraordinaria.
Del otro lado, el Estado —a través de la oficina del fiscal general Jonathan Skrmetti— sostiene que tanto el gobernador como la Asamblea General no pueden ser responsabilizados en este caso debido a la inmunidad soberana. Además, argumenta que ninguno de los dos organiza elecciones directamente, por lo que no serían parte adecuada para esta demanda.
El nuevo mapa fue aprobado durante una sesión extraordinaria de tres días convocada por el gobernador Lee a solicitud del presidente Donald Trump, luego de una reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que debilitó partes clave de la Ley de Derechos Electorales. Antes de redibujar los distritos, los legisladores derogaron una ley estatal que prohibía la redistribución de distritos a mitad de década, lo que abrió la puerta al rediseño actual.
Sin embargo, la NAACP sostiene que esa derogación no estaba claramente incluida en la proclamación del gobernador que convocó la sesión, lo que —según su argumento— hace inválidas las leyes aprobadas durante ese periodo. La legislación estatal establece que las sesiones extraordinarias deben limitarse estrictamente a los temas definidos en dicha proclamación.
El Estado rechaza esa interpretación. En su respuesta legal, afirma que la derogación sí encaja dentro del propósito general de la sesión, descrito como la necesidad de realizar “los cambios estatutarios necesarios” para rediseñar los distritos congresionales.
La demanda también cuestiona una disposición que elimina los requisitos de residencia para los candidatos en los nuevos distritos. La NAACP argumenta que esta medida tampoco fue incluida en la proclamación inicial del gobernador.
Los abogados del Estado replican que no existe un daño inminente. De hecho, señalan que la flexibilización de requisitos amplía el número de posibles candidatos, por lo que no se puede argumentar afectación directa.
“En tales circunstancias, los demandantes no pueden alegar ningún daño inminente”, señala el escrito presentado por la defensa estatal.
El Estado también sostiene que no hay evidencia de problemas en la administración electoral. Según su postura, la División Electoral ya comenzó a implementar el nuevo mapa para las elecciones de 2026, incluyendo los ajustes de distritos y requisitos de elegibilidad, convirtiendo el cambio en el nuevo estándar operativo.
En su argumentación, los abogados citan el precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Purcell v. Gonzalez (2006), que advierte contra cambios en reglas electorales demasiado cerca de una elección, debido al riesgo de confusión. Curiosamente, este mismo principio también es invocado por opositores al nuevo mapa, aunque con la intención de frenarlo.
El Estado ha incorporado además al caso a un equipo de tres abogados del bufete Consovoy McCarthy, con sede en Virginia, para reforzar su defensa legal.
Mientras tanto, la Corte Suprema de Tennessee ya designó al panel que escuchará la causa: la canciller Anne Martin (Tennessee Central), quien presidirá el tribunal, junto al canciller Tony Childress (Tennessee Occidental) y el juez James Gass (Tennessee Oriental).
El caso apenas comienza, pero lo que está en juego va mucho más allá de líneas trazadas en un mapa. En el fondo, se trata del poder político, la representación y la confianza de comunidades que ya han vivido, durante décadas, los efectos de decisiones tomadas en despachos lejos de sus barrios.
