NASHVILLE, Tennessee. — La batalla por el nuevo mapa electoral de Tennessee ya llegó a los tribunales. Y apenas habían pasado unas horas desde que el gobernador Bill Lee firmó la ley.
La sección de Tennessee de la NAACP presentó este jueves una demanda de emergencia para frenar la nueva redistribución de distritos del Congreso, aprobada por la supermayoría republicana durante una polémica sesión extraordinaria en el Capitolio estatal.
La organización sostiene que el nuevo mapa elimina un distrito con mayoría de votantes afroamericanos y viola tanto la Constitución de Tennessee como leyes estatales vigentes.
La presidenta estatal de la NAACP, Gloria Sweet-Love, presentó la petición ante el Tribunal de Cancillería del Condado de Davidson menos de tres horas después de que Lee promulgara la legislación.
La demanda busca impedir que el mapa entre en vigor.
La redistribución fue aprobada durante una sesión especial convocada por el gobernador Bill Lee a petición del presidente Donald Trump, pocos días después de que la Corte Suprema de Estados Unidos debilitara una sección clave de la Ley de Derechos Electorales.
Durante tres días, manifestantes inundaron el Capitolio estatal denunciando que el nuevo diseño fragmenta el poder político de los votantes afroamericanos de Memphis y el condado de Shelby.
El nuevo mapa divide un distrito históricamente demócrata en tres partes, extendiendo segmentos de Memphis hacia áreas rurales y mayoritariamente republicanas del centro de Tennessee.
Para los opositores, el objetivo es claro: maximizar las posibilidades republicanas de ganar los nueve escaños del estado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
“El objetivo de esta legislación es apoyar la capacidad del Partido Republicano Nacional para mantener la mayoría en el Congreso”, reconoció en el pleno del Senado el senador republicano John Stevens, promotor del proyecto.
Según la NAACP, el problema no es solo político. También sería constitucional.
La demanda argumenta que cuando Lee convocó la sesión extraordinaria no especificó que el propósito incluía suspender una ley estatal que prohíbe modificar distritos electorales a mitad de década.
Sin embargo, la Asamblea General aprobó primero una medida para anular temporalmente esa prohibición y luego votó el nuevo mapa.
“La Asamblea General no podrá entrar en ningún asunto legislativo salvo aquel para el que fue convocada específicamente”, señala la Constitución estatal citada en la demanda.
La organización sostiene que el proceso violó “la legislación clara e inequívoca de Tennessee”.
Además, la querella impugna una disposición que flexibiliza los requisitos de residencia para candidatos en los nuevos distritos.
Entre los demandados figuran el gobernador Bill Lee y la Asamblea General de Tennessee.
La oficina del gobernador no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.
El debate más intenso giró alrededor de Memphis.
Durante la discusión legislativa, senadores demócratas acusaron a los republicanos de dividir deliberadamente el voto afroamericano.
La senadora London Lamar confrontó directamente a Stevens.
“¿Era consciente de que estaba dividiendo a los votantes afroamericanos de Memphis en tres partes?”, preguntó.
Stevens respondió defendiendo el mapa bajo argumentos partidistas.
“Maximiza las posibilidades de que los republicanos ganen en los tres distritos”, dijo.
La respuesta provocó fuertes críticas.
“No se puede tomar una ciudad de mayoría negra, fragmentar su poder electoral y luego decirnos que la raza no tiene nada que ver”, respondió Lamar. “El racismo no se vuelve menos racista solo porque se le llame partidista”.
El senador demócrata Jeff Yarbro también cuestionó la estructura del nuevo diseño.
“El 72% de la población blanca está agrupada en un distrito. El 75% de la población negra está dividida en dos”, afirmó. “Se nos pide que creamos que es pura casualidad”.
La disputa ocurre en un momento delicado para los derechos electorales en Estados Unidos.
Hace apenas días, la Corte Suprema emitió su decisión en el caso Louisiana v. Callais, debilitando la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales de 1965, una de las herramientas legales más utilizadas para impugnar mapas electorales discriminatorios.
Ahora, quienes presentan demandas deben demostrar intención discriminatoria directa y no solo efectos desiguales.
“Debe haber pruebas irrefutables”, explicó Claire Gardner, directora de Participación Comunitaria de la ACLU de Tennessee.
Gardner advirtió que ese estándar hace mucho más difícil probar discriminación racial en los tribunales.
“La decisión deja la Sección 2 prácticamente sin efecto”, dijo, citando la opinión disidente de la jueza Elena Kagan.
La controversia también incluye los tiempos.
Las primarias federales están programadas para agosto y los candidatos ya llevaban meses haciendo campaña bajo los antiguos límites distritales.
La nueva legislación da apenas una semana a los candidatos para decidir si continúan en sus nuevos distritos o abandonan la contienda.
Los opositores aseguran que el cambio puede generar confusión entre votantes y problemas administrativos para las autoridades electorales.
Incluso citaron el precedente del caso Purcell v. González de 2006, donde la Corte Suprema advirtió sobre modificar reglas electorales demasiado cerca de una elección.
Mientras tanto, el congresista demócrata Steve Cohen ya adelantó que planea presentar su propia demanda.
Y en Tennessee, la pelea apenas comienza.
