Nashville, Tennessee — Una propuesta legislativa en Tennessee está generando un fuerte debate entre defensores de la infancia, abogados y autoridades estatales. El proyecto permitiría que algunos niños bajo el sistema de hogares de acogida sean enviados a centros de detención juvenil… incluso sin haber sido acusados de ningún delito.
Actualmente, la ley es clara: solo los menores acusados de cometer un crimen pueden ser recluidos en un centro de detención juvenil. Sin embargo, la nueva propuesta crearía una clasificación distinta llamada “Niños que Necesitan una Supervisión Intensa”, lo que permitiría a un juez ordenar su traslado a instalaciones de detención.
La iniciativa cuenta con el respaldo del Departamento de Servicios Infantiles de Tennessee (DCS), cuyos funcionarios aseguran que la medida busca proteger tanto a los menores como al personal que trabaja con ellos.
Pero no todos están convencidos.
Críticos de la propuesta advierten que podría abrir la puerta a un sistema paralelo que castigue a niños que, en muchos casos, ya han sufrido abuso, abandono o trauma.
“Es básicamente un sistema de justicia juvenil en la sombra, sin la claridad, la especificidad y las protecciones que normalmente se brindan a los jóvenes”, explicó Cara Suvall, profesora de Derecho en la Universidad de Vanderbilt.
Suvall fue más allá. Dijo que no ha visto una iniciativa similar en ninguna otra parte del país.
“No conozco ningún otro estado que esté manejando esta situación de esta manera. Es una propuesta bastante impactante”, afirmó.
Desde el DCS, sin embargo, defienden el proyecto.
El director legislativo de la agencia, Jim Layman, explicó que algunos menores bajo custodia estatal presentan conductas violentas que complican su manejo dentro del sistema de protección infantil.
“Tenemos un problema. Estamos recibiendo bajo custodia a niños que han sido declarados dependientes o abandonados, pero cuyos comportamientos no encajan dentro de lo que normalmente se considera un caso de abuso o negligencia”, señaló Layman.
La comisionada del DCS, Margie Quin, añadió que la falta de consecuencias puede empeorar esas conductas.
“Esa falta de rendición de cuentas puede generar más comportamientos violentos”, dijo.
El debate ocurre en un momento sensible para la agencia. Hace apenas dos años, el DCS modificó discretamente su política para permitir que niños maltratados o abandonados fueran esposados.
Una investigación previa de NewsChannel 5 reveló el caso de un niño de 12 años, presuntamente con autismo, que fue esposado dos veces después de negarse a dormir mientras se encontraba en un hogar de transición porque su familia no podía cuidarlo.
Para muchos defensores de los menores, ese tipo de casos demuestra por qué esta nueva legislación genera preocupación.
Entre quienes se oponen está Ella Bat-Ami, una joven que pasó por el sistema de acogida y hoy estudia en la universidad. El año pasado testificó ante la legislatura para impulsar la Declaración de Derechos de los Niños en Acogida Familiar, la cual fue aprobada.
Ahora lucha contra esta nueva propuesta.
“Funcionalmente criminaliza la infancia, solo porque estos niños están en el sistema de acogida”, afirmó Bat-Ami.
La joven teme que el proyecto permita a la agencia trasladar a menores problemáticos a centros de detención en lugar de resolver los problemas estructurales del sistema.
“La actual administración del DCS está siendo cuestionada por mantener a niños en oficinas inseguras o en hogares de transición mal administrados, y ahora parece que intenta culpar a los propios niños”, dijo.
Bat-Ami recuerda que el trauma es parte de la vida de muchos menores dentro del sistema.
“Claro que se van a portar mal. ¿Eso los convierte en niños peligrosos? No. Si soy honesta, casi cualquier adulto reaccionaría igual en esas circunstancias”, expresó.
Incluso compartió una experiencia personal: cuando ingresó al sistema de acogida, solo podía ducharse dos veces por semana.
“Estar en el sistema de acogida significa no saber si la próxima semana estarás en otro estado, en un centro o durmiendo en una oficina”, explicó.
Bat-Ami pide a los legisladores reconsiderar la medida.
“Necesito que entiendan que, con este proyecto de ley, yo también habría sido clasificada como una ‘niña problemática’, simplemente por reaccionar a eventos traumáticos”, advirtió.
El Departamento de Servicios Infantiles señaló que no comenta públicamente sobre legislación pendiente.
El proyecto de ley SB1868 será discutido en una audiencia legislativa la próxima semana.
Y mientras el debate continúa, la pregunta queda sobre la mesa:
¿Se trata de una medida para mejorar la seguridad… o de un paso que podría criminalizar a niños que ya han pasado por demasiado?
