Nashville, Tennessee — Un proyecto de ley que ha provocado un intenso debate en todo el estado continúa avanzando en la legislatura de Tennessee. Se trata de la iniciativa HB 793, una propuesta que permitiría a los distritos escolares recopilar información sobre el estatus migratorio de los estudiantes al momento de la inscripción y reportarla al estado.
Este martes 10 de marzo, el proyecto fue aprobado en otro comité legislativo con una votación de 15 a 9, acercándolo a su fase final. Según el calendario legislativo, la votación definitiva podría realizarse la próxima semana.
La medida fue reactivada por el líder republicano de la Cámara de Representantes de Tennessee, William Lamberth, quien retomó una propuesta presentada durante la sesión legislativa anterior, aunque con cambios significativos.
La nueva versión elimina algunas de las disposiciones que habían generado mayor controversia.
En el proyecto original, las escuelas podían cobrar matrícula a estudiantes indocumentados o incluso negarles la inscripción si sus familias no podían pagarla. Esa parte del plan ya no está incluida en la propuesta actual.
Ahora, el proyecto establece que las escuelas públicas y charter recopilen información sobre el estatus migratorio o ciudadanía de los estudiantes al momento de la inscripción, y que los distritos escolares reporten esos datos al estado.
Según explicó Lamberth, el objetivo sería determinar cuántos estudiantes indocumentados están inscritos en el sistema educativo público de Tennessee.
El legislador aseguró además que la recopilación de estos datos no debería representar un problema para las familias que inscriben a sus hijos en la escuela.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los inmigrantes no comparten esa visión.
La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC) ha expresado preocupación por el posible impacto de la medida en las comunidades inmigrantes.
Para muchos padres, dicen, la simple pregunta sobre estatus migratorio podría generar temor al momento de inscribir a sus hijos en la escuela.
“Sí será un problema”, advirtió César Bautista, representante de TIRRC, quien señaló que este tipo de medidas podría provocar que algunas familias eviten registrar a sus hijos por miedo a las consecuencias migratorias.
El propio Lamberth también explicó por qué decidió eliminar una parte clave del proyecto original.
Inicialmente, la propuesta permitía negar la inscripción a estudiantes indocumentados o cobrarles matrícula. Pero el legislador dijo que decidió retirar esa disposición por preocupaciones legales y financieras.
Según explicó, no recibió garantías claras de la administración del expresidente Donald Trump ni del Departamento de Educación de Estados Unidos de que una medida de ese tipo no violaría la ley federal.
El riesgo, aseguró, era demasiado alto.
Si Tennessee implementaba una política que contradijera leyes federales o decisiones judiciales, el estado podría perder más de mil millones de dólares en fondos federales destinados a educación.
El debate también gira en torno a un precedente legal clave en Estados Unidos: el fallo de la Corte Suprema en el caso Plyler v. Doe (1982), que estableció que los niños, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a recibir educación pública gratuita.
Por esa razón, expertos legales advierten que cualquier intento de restringir el acceso a la educación pública podría terminar siendo impugnado en los tribunales federales.
En ciudades como Memphis, donde miles de estudiantes provienen de familias inmigrantes, críticos del proyecto señalan que incluso la recopilación de información migratoria podría generar temor entre padres y estudiantes, provocando que algunos menores dejen de asistir a la escuela.
Mientras tanto, organizaciones comunitarias en Memphis y en otras ciudades de Tennessee continúan movilizándose, intentando influir en la decisión de los legisladores antes de la votación final.
El debate sigue abierto. Y la pregunta que muchos se hacen ahora es clara: ¿Hasta dónde puede llegar un estado cuando se trata del acceso a la educación pública de los hijos de inmigrantes?
