La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está evaluando propuestas de empresas privadas para ampliar su capacidad de detención en centros e instalaciones temporales en al menos ocho estados del país, informó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). Esta información fue obtenida tras una solicitud de datos públicos realizada por la organización a la agencia federal.
Entre las empresas que han presentado propuestas se encuentran GEO Group Inc., CoreCivic y Management and Training Corporation (MTC), tres de las mayores operadoras de centros de detención privados en Estados Unidos. También está Target Hospitality, conocida por instalar tiendas de campaña temporales que en el pasado han sido utilizadas por ICE para la detención de menores de edad.
De acuerdo con ACLU, las propuestas de estas empresas buscan expandir la capacidad de detención en estados como Michigan, California, Kansas, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Texas y Washington.
Entre las instalaciones señaladas, destacan:
Correccional North Lake (Michigan), operada por GEO Group, anteriormente usada como prisión federal. Centro de Procesamiento Rio Grande (Laredo, Texas), también operado por GEO Group.Una tienda de campaña ubicada en Carrizo Springs, Texas, administrada por Target Hospitality.
Eunice Cho, abogada senior del Proyecto Nacional de Prisiones de ACLU, afirmó en un comunicado que varias de las instalaciones propuestas tienen “récords claros de abusos” y violaciones de derechos humanos. Entre ellas, mencionó:
- El Centro Residencial de Dilley (Texas), investigado tras la muerte de un menor en agosto de 2018 debido a presunto abuso o negligencia.
- El Centro Correccional del condado Cibola (Nuevo México), donde se han reportado muertes por negligencia y falta de atención médica.
- El Centro de Recepción Regional Midwest (Kansas), señalado por condiciones de detención abusivas.
Según un informe de ACLU publicado en julio de 2023, durante la administración de Joe Biden, el 90% de los inmigrantes detenidos diariamente por ICE se encontraban en instalaciones operadas por corporaciones privadas. Esta tendencia persiste y dichos espacios han sido utilizados durante décadas para albergar a decenas de miles de migrantes mientras enfrentan procesos de deportación.
La expansión de la capacidad de detención de ICE se ha convertido en un tema central del debate político, especialmente desde la reciente campaña presidencial. El ahora presidente electo, Donald Trump, prometió llevar a cabo “la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos”.
Sin embargo, esta promesa enfrenta desafíos legales y logísticos. Entre ellos, la insuficiencia de camas disponibles para detener a los inmigrantes desde su arresto hasta su expulsión del país, un proceso que en ocasiones puede extenderse por meses o incluso años.
Tom Homan, designado por Trump como su “zar de la frontera”, declaró en diciembre que, para cumplir con las deportaciones masivas prometidas, serían necesarias al menos 100,000 camas diarias, más del doble de la capacidad actual de ICE, que ronda las 41,500 camas.
El debate sobre la expansión de estos centros ha sido intenso. ICE, consultada por Univision Noticias sobre sus planes de ampliación, no emitió una respuesta inmediata.
Mientras tanto, ACLU y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos continúan monitoreando las políticas de detención y sus implicaciones. La situación pone en evidencia las tensiones entre las promesas políticas y las realidades operativas, en un contexto donde los derechos humanos de los migrantes parecen quedar en un segundo plano frente a estrategias de control migratorio.
