TENNESSEE.— En silencio, pero con paso firme, el mapa de la cooperación migratoria en Tennessee ha cambiado de manera acelerada. Más de 40 agencias del orden público en el estado ya se han incorporado al programa federal 287(g), un mecanismo que permite a autoridades locales colaborar directamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la aplicación de leyes migratorias.
La cifra no es menor. En apenas seis meses, el número de agencias participantes se ha más que triplicado, de acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional y del propio estado de Tennessee. Hoy, al menos 40 condados forman parte del programa, entre ellos Putnam, Rutherford, Sumner, McMinn, Cumberland, Robertson, Coffee y Trousdale. El condado de Davidson, donde se encuentra Nashville, sigue sin aparecer en la lista.
El programa 287(g) opera bajo tres modelos distintos: la aplicación dentro de cárceles locales, los grupos de trabajo conjuntos y el modelo de suboficiales de servicio, cada uno con diferentes niveles de interacción entre policías locales y autoridades federales de inmigración.
Este crecimiento no ocurre por casualidad. Coincide directamente con la entrada en vigor de una nueva ley estatal que creó el Programa de Subvenciones para el Control de la Inmigración, respaldado con un fondo de 5 millones de dólares. El objetivo es claro: incentivar a gobiernos locales y agencias del orden a sumarse al 287(g).
El senador estatal Jack Johnson, copatrocinador de la legislación, ha defendido la iniciativa asegurando que busca fortalecer la cooperación entre las agencias locales, el Departamento de Seguridad y la Oficina de Investigación de Tennessee (TBI). Según la ley, la División Centralizada de Control de Inmigración será la encargada de administrar las subvenciones y exigir informes trimestrales a los gobiernos locales que reciban los fondos.
Mientras tanto, el avance del programa vuelve a encender el debate sobre el papel de las policías locales en temas migratorios y el impacto que estas decisiones pueden tener en comunidades enteras. En Tennessee, el mensaje desde el Capitolio estatal parece inequívoco: la colaboración con ICE no solo se impulsa, ahora también se financia.
