La administración Trump vuelve a endurecer el cerco migratorio. Esta vez, la mira apunta a refugiados que ingresaron legalmente a Estados Unidos, pero que no han obtenido la residencia permanente la conocida “green card” dentro del primer año de su llegada.
Un memorando gubernamental fechado el 18 de febrero y presentado el miércoles ante una corte federal, instruye al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a detener a estos refugiados para revisar y reevaluar sus casos. El documento, obtenido por CBS News, amplía de manera significativa las facultades de la agencia.
Los refugiados son personas que han demostrado huir de persecución en sus países de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social específico. Históricamente, Estados Unidos ha reasentado a decenas de miles cada año, tras procesos de selección que pueden tardar años en campos de refugiados en el extranjero.
Pero el panorama ha cambiado.
La directiva, firmada por el director interino del ICE, Todd Lyons, y el director de USCIS, Joseph Edlow, establece que el plazo de un año para solicitar la residencia permanente será considerado un “punto de revisión obligatorio”. Según el texto, el Departamento de Seguridad Nacional “debe considerar el plazo de un año como un punto de revisión obligatorio para todos los refugiados que no hayan alcanzado el estatus de Residente Permanente Legal”, garantizando su “regreso” a custodia para inspección.
En términos prácticos, los refugiados podrán presentarse voluntariamente a entrevistas en oficinas migratorias. De no hacerlo, el ICE deberá localizarlos, arrestarlos y mantenerlos bajo custodia durante el proceso de inspección.
La administración argumenta que estas revisiones buscan determinar si el estatus de refugiado fue obtenido mediante fraude o si la persona representa una amenaza para la seguridad nacional o pública, ya sea por posibles vínculos con terrorismo o antecedentes penales graves. Aquellos que presenten “señales de alerta” podrían perder su estatus legal y enfrentar procesos de deportación.
La medida revierte la política previa del ICE, que señalaba que no obtener la residencia en el plazo de un año no constituía, por sí solo, base legal para una detención. Además, antes se exigía que la agencia decidiera en un máximo de 48 horas si liberaba al refugiado o iniciaba un proceso formal de deportación.
Este no es un hecho aislado.
En noviembre pasado, la administración ordenó revisar los casos de refugiados admitidos durante el gobierno del expresidente Joe Biden, incluso contemplando nuevas entrevistas para confirmar si cumplían con la definición legal de refugiado. Más recientemente, tras el tiroteo ocurrido durante la semana de Acción de Gracias en Washington, D.C., donde murieron dos miembros de la Guardia Nacional presuntamente a manos de un ciudadano afgano, USCIS suspendió solicitudes de inmigración legal provenientes de decenas de países considerados de “alto riesgo”.
A finales del año pasado también se lanzó la llamada Operación PARRIS, enfocada en reexaminar miles de casos de refugiados en Minnesota. La operación incluyó el despliegue de agentes federales en el área de Minneapolis y el traslado de algunos detenidos a Texas para interrogatorios, hasta que un juez federal limitó su alcance.
El gobierno sostiene que estas acciones responden a preocupaciones legítimas de seguridad nacional. Sin embargo, organizaciones defensoras de inmigrantes denuncian que se está castigando a personas que llegaron legalmente, tras huir de guerras y persecuciones, bajo argumentos de seguridad cuestionables.
“Esta política es un esfuerzo transparente para detener y potencialmente deportar a miles de personas que se encuentran legalmente en este país, personas a las que el propio gobierno estadounidense acogió tras años de un riguroso proceso de investigación”, afirmó Beth Oppenheim, directora ejecutiva de HIAS, organización que impugna la iniciativa en los tribunales.
La pregunta que queda en el aire es clara: ¿se trata de un ajuste necesario en nombre de la seguridad o de un nuevo capítulo en la restricción de la inmigración legal?
Para miles de refugiados que creían haber encontrado un lugar seguro, el reloj del primer año ahora pesa más que nunca.
