Contrario al discurso dominante promovido desde la Casa Blanca, menos del 14% de los casi 400,000 inmigrantes arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump tenían antecedentes penales por delitos violentos. Esta revelación proviene de un documento interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), obtenido en exclusiva por CBS News.
Las cifras oficiales que hasta ahora no se habían hecho públicas pintan un panorama muy diferente al que la administración ha intentado vender: una ofensiva centrada en “lo peor de lo peor”. Sin embargo, los datos evidencian que la mayoría de los arrestados no eran asesinos, violadores ni pandilleros, como frecuentemente se ha afirmado.
Desde su regreso al poder en 2025, Trump intensificó la maquinaria de deportación. El ICE ejecutó aproximadamente 393,000 arrestos entre enero de 2025 y enero de 2026, más del triple que el total registrado en el último año de la administración Biden. Sin embargo, el perfil de los detenidos revela una historia muy distinta.
De esos casi 400,000 arrestos:
- Solo 13.9% involucraron cargos o condenas por delitos violentos.
- Apenas 1.9% (unos 7,500 casos) correspondían a personas acusadas de pertenecer a pandillas, como el Tren de Aragua.
- Menos del 2% enfrentaban cargos por homicidio o agresión sexual.
- Casi 40% de los arrestados no tenían ningún antecedente penal y fueron detenidos únicamente por violaciones civiles de inmigración, como residir sin permiso en el país o exceder su visa.
Estos números contradicen directamente la narrativa utilizada para justificar operativos agresivos en ciudades como Minneapolis, Los Ángeles y Chicago, donde agentes incluso han interrogado a ciudadanos estadounidenses sobre su estatus migratorio.
El endurecimiento de las políticas migratorias ha comenzado a reflejarse en la opinión pública. Según una encuesta reciente de CBS News, el respaldo a las deportaciones de Trump cayó de un 59% al comenzar su segundo mandato a un 46% en la actualidad. Más del 60% de los encuestados opinó que los agentes de inmigración están actuando con “demasiada dureza”.
El documento del DHS clasifica a los arrestados de la siguiente manera:
- 229,000 personas con cargos o condenas penales.
- 153,000 arrestos administrativos sin antecedentes penales.
- 11,000 arrestos por nuevas acusaciones criminales.
Del total de personas con antecedentes penales:
- 2,100 enfrentaban cargos por homicidio.
- 5,400 por agresión sexual.
- 2,700 por robo.
- 1,100 por secuestro.
- 43,000 por agresión física.
- 350 por incendio provocado.
Pero también figuran miles con condenas por delitos que, aunque legales, no son considerados violentos:
- 22,600 por delitos relacionados con drogas peligrosas.
- 6,100 por posesión o uso ilegal de armas.
- 30,000 por DUI (conducir bajo efectos del alcohol o drogas).
- 5,000 por hurto.
Cabe destacar que muchos de los clasificados como “criminales” en el documento tenían cargos menores, como reingresar tras una deportación previa un delito grave bajo la ley federal, pero que no conlleva violencia.
