En una democracia madura, la fe no necesita escolta del gobierno. Y el gobierno no necesita altar.
Lo contrario de un Estado laico es un Estado confesional. Es decir, un gobierno que adopta una religión oficial y deja que esa fe moldee sus leyes, sus políticas públicas y, en muchos casos, la vida privada de sus ciudadanos. En ese modelo, la línea entre iglesia y Estado se borra. Y cuando esa línea desaparece, la igualdad comienza a temblar.
Estados Unidos, constitucionalmente, no es eso. Es un Estado laico. La Primera Enmienda es clara: el Congreso no establecerá religión alguna. No hay religión oficial. Hay libertad religiosa. Hay separación. Hay neutralidad.
Y esa neutralidad no es un detalle técnico. Es el corazón de la convivencia.
Un gobierno laico garantiza que el hijo del cristiano, del judío, del musulmán, del ateo o del agnóstico se sienten en el mismo salón de clases bajo las mismas reglas. Garantiza que las leyes no respondan a dogmas particulares, sino al interés general. Protege la libertad de conciencia. Permite que cada persona crea o no crea sin temor a imposiciones.
Un Estado laico no es antirreligioso. Al contrario. Es el único modelo que protege a todas las religiones por igual, porque no privilegia a ninguna.
En ese contexto, Tennessee ha dado un paso que reabre un viejo debate.
La Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de Ley 47 con 75 votos a favor y 17 en contra. La propuesta permitiría exhibir los Diez Mandamientos en escuelas públicas, siempre que se presenten dentro de un “contexto histórico”, junto a documentos como la Constitución y la Declaración de Independencia. La medida sería opcional. Ninguna escuela estaría obligada.
Pero la palabra “opcional” no ha calmado a todos.
“En mi opinión, da miedo. No todos somos de la misma religión”, expresó Vashti Hill, residente de Memphis. Su preocupación no es aislada. Muchos padres temen que la línea entre historia y religión se vuelva difusa en un salón de clases donde el Estado debe ser neutral.
Desde el Capitolio, los promotores defienden la iniciativa como una cuestión de control local. El representante Michael Hale afirmó que el proyecto solo otorga a las escuelas la opción de exhibir los Mandamientos junto a otros documentos históricos. El representante Scott Cepicky fue más allá: “Creo que enseñar a nuestros hijos sobre los Diez Mandamientos podría hacer de nuestra sociedad un mejor lugar para vivir”.
Del otro lado, el representante Justin J. Pearson, demócrata por Memphis y cristiano confeso, cuestionó la constitucionalidad de la medida. Citó la Primera Enmienda y recordó que los fundadores establecieron una clara separación entre iglesia y Estado.
Y ahí está el punto.
¿Es una lección de historia o un mensaje religioso dentro de una institución pública? ¿Es cultura cívica o es preferencia espiritual institucionalizada?
Cuando el gobierno decide qué símbolos religiosos pueden colgar en una pared pública, la discusión deja de ser teórica. Se vuelve práctica. Se vuelve legal. Y, sobre todo, se vuelve humana.
Porque en cada escuela hay niños de distintas creencias. Y también hay niños que no profesan ninguna. El Estado laico existe precisamente para que ninguno sienta que su gobierno favorece la fe del vecino.
Las decisiones políticas deben sustentarse en argumentos racionales, científicos y de derechos humanos, no en mandatos religiosos. Los derechos civiles especialmente los de minorías no pueden depender de la interpretación de textos sagrados.
La historia puede enseñarse. La religión puede practicarse. Pero el aula pública pertenece a todos.
Tennessee enfrenta ahora algo más que una votación legislativa. Enfrenta una prueba de equilibrio. De madurez democrática. De respeto a la diversidad que compone su propia población.
La última palabra la tendrán los distritos escolares. Y detrás de ellos, las comunidades.
Pero la pregunta no desaparecerá:
¿Estamos defendiendo la historia… o estamos cruzando una línea que la Constitución trazó con claridad hace más de dos siglos?
En una nación fundada sobre libertades, la neutralidad no es debilidad. Es garantía. Y cuando se toca ese principio, lo que está en juego no es solo una pared en una escuela. Es el espíritu mismo de la República.
