Biden ratifica que EEUU recibirá 62,500 refugiados al año, pero reconoce que este año no alcanzará esa cifra

En un comunicado, el mandatario repuso esa cifra, de la que se había hablado antes de que la Casa Blanca ordenara suspenderla, para sustituir el "el número históricamente bajo establecido por la administración anterior de 15,000, que no reflejaba los valores de Estados Unidos".
Refugiados
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Joe Biden finalmente anunció que se aumentará la cuota de refugiados que recibe Estados Unidos a 62,500 para este año fiscal, ratificando la cifra que la Casa Blanca había considerado meses atrás pero que quedó en suspendo mientras se reconsideraba el tema, algo que generó una avalancha de críticas al presidente.

“Hoy estoy modificando el límite anual de admisiones de refugiados de Estados Unidos a 62,500 para este año fiscal. Esto borra el número históricamente bajo establecido por la administración anterior de 15,000, que no reflejaba los valores de Estados Unidos como nación que da la bienvenida y apoya a los refugiados”, dijo el presidente en un comunicado escrito.

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Aunque el mismo presidente reconoce que esa cifra no será lograda este año fiscal, que culmina en septiembre, se trata de un aumento significativo comparado con los 15,000 que había determinado el gobierno de Donald Trump. La idea es subir es duplicar el límite para el 2022.

“El nuevo límite de admisiones también reforzará los esfuerzos que ya están en marcha para ampliar la capacidad de Estados Unidos para admitir refugiados, de modo que podamos alcanzar la meta de 125,000 admisiones de refugiados que pretendo establecer para el próximo año fiscal”, agregó.

La Casa Blanca había dicho que elevaría el 15 de mayo la cuota de admisión de refugiados para este año luego de haber informado que mantendría esa cuota en el umbral de 15,000 estipulado por su antecesor, aunque había prometido que lo aumentaría a 60,000.

Biden se había comprometido en febrero a dar la bienvenida a quienes huyen de la persecución en todo el mundo y a aumentar la cuota anual, en un anuncio que le permitiría al Departamento de Estado recuperar una política aprobada por el Congreso hace más de cuatro décadas.

En ese momento, el secretario de Estado, Antony Blinken, notificó al Congreso que la administración planeaba permitir que hasta 62,500 refugiados ingresaran al país en el año fiscal que termina el 30 de septiembre.

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Pero la demora que ha habido en la designación oficial de las admisiones de refugiados ha dejado a cientos de refugiados autorizados a viajar a Estados Unidos varados en campamentos en todo el mundo, reportó el pasado viernes el diario The New York Times.

A la oleada de críticas sobre la postura de Biden acerca de mantener la cifra en 15,000 se unió Amnistía Internacional (AI), la cual fue tajante al señalar que el presidente le estaba dando la espalda “a decenas de miles de refugiados en todo el mundo que han sido aprobados para venir a Estados Unidos”.

En aquella ocasión, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, tuvo que salir a aclarar que se había provocado “cierta confusión” y que debido a que la actual administración había heredado “un programa de admisión de refugiados diezmado” aunado a los problemas de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) “la meta inicial de 62,500 parecía improbable” luego de que el presidente lo consultó con sus asesores.

El diario citó a una fuente anónima la cual aseguró que el gobierno estaba preocupado de que el aumento de los cruces fronterizos de Menores No Acompañados (UAC) era demasiado y ya había abrumado a la sección de refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

Sin embargo, los mirantes detenidos en la frontera con México que buscan asilo en Estados Unidos (la mayoría de ellos provenientes del Triángulo Norte, integrado por El Salvador, Guatemala y Honduras) son procesados bajo un sistema completamente separado del de los refugiados que huyen de la persecución en el extranjero.

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La política de asilo estadounidense es regulada por otras leyes y compromisos, entre ellos el Acuerdo Judicial Flores de 1997 y la Ley TVPRA de 2008, sobre prevención de tráfico humano. Además, la política de asilo, a diferencia del programa de refugiados, indica que los solicitantes del amparo deben pelear sus casos ante la Corte de Inmigración y es un juez quien decide sus futuros en Estados Unidos.

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