La sesión legislativa de Tennessee llegó a su fin. Meses de debates, presiones políticas y decisiones que ahora comienzan a dibujar el rumbo del estado. Algunas leyes avanzaron con fuerza. Otras, simplemente, se quedaron en el camino. ¿Qué cambió realmente? Aquí se lo explicamos.
Desde el inicio, el enfoque fue claro: seguridad, educación y control institucional. Temas sensibles. Temas que dividen.
Uno de los puntos más controversiales fue la aprobación del uso de fuerza letal para proteger la propiedad en determinadas circunstancias. La medida ya pasó ambas cámaras y espera la firma del gobernador Bill Lee.
De entrar en vigor, permitiría a los propietarios usar fuerza letal en casos como allanamiento de morada, incendios provocados, robo, daños al ganado y maltrato animal agravado.
Una decisión que abre el debate: ¿defensa legítima o exceso de fuerza?
En el mismo tono de endurecimiento, los legisladores aprobaron que todas las oficinas del sheriff deberán colaborar con el programa federal 287(g), trabajando directamente con ICE. Las agencias que aún no participan tienen hasta el 1 de enero de 2027 para cumplir.
Más de 50 agencias ya lo hacen. El resto tendrá que alinearse.
También avanzó una ley que obliga a quienes vandalicen lugares de culto iglesias, mezquitas o sinagogas a pagar el doble del costo de reparación. Un mensaje directo contra los crímenes de odio.
En cuanto al maltrato animal, se endurecen las penas. La nueva legislación incluye la inanición que cause la muerte de ganado como delito grave, cuando se cometa de forma cruel y sin justificación.
Otra medida firmada por el gobernador prohíbe la venta minorista de óxido nitroso cuando se utilice con fines de intoxicación. La violación de esta ley será considerada delito grave.
Y en medio de la polémica nacional, Tennessee aprobó la llamada Ley Riley Gaines, que define el sexo legal como el asignado al nacer. La medida impacta espacios como refugios, cárceles, centros juveniles y universidades públicas.
Educación: ajustes, controles y libertad de elección
En el ámbito educativo, el estado optó por regular en lugar de prohibir. Una nueva ley exige que las escuelas adopten políticas sobre el uso de dispositivos digitales en aulas de kínder a quinto grado. La intención: reducir el tiempo frente a pantallas sin afectar el aprendizaje. Entrará en vigor en julio de 2026.
También avanza la expansión del programa de vales escolares. De ser firmado, aumentará a 35,000 las becas disponibles. Cada una, con un valor cercano a los $7,295.
Los defensores hablan de libertad educativa. Los críticos, de desvío de fondos públicos.
La demanda, sin embargo, es clara: más de 56,000 familias ya han aplicado.
Otra propuesta en camino es la Ley Charlie Kirk, que busca reforzar la libertad de expresión en universidades públicas, inspirada en el modelo de la Universidad de Chicago.
Salud, regulación y nuevas normas
En el sector salud, se aprobó la llamada Ley Fair Rx, que prohibirá que una misma entidad controle simultáneamente farmacias, administradoras de beneficios farmacéuticos y aseguradoras. La medida entrará en vigor en 2028.
Además, los residentes con seguro médico ahora podrán obtener anticonceptivos para un período de hasta 12 meses, tras la firma del gobernador.
También se aprobó una ley para mejorar el acceso a servicios oftalmológicos, especialmente en zonas rurales.
Y en un giro hacia la modernización, Tennessee autorizó el uso de robots para entregas a baja velocidad en espacios públicos como ciclovías y pasos peatonales.
Las leyes que no pasaron: lo que quedó pendiente
No todo avanzó.
El proyecto que buscaba clasificar el aborto como homicidio —y permitir la pena de muerte— fracasó en la Cámara de Representantes. Una propuesta que generó fuerte controversia incluso dentro del propio partido republicano.
También quedó fuera la Ley de Protección de la Salud Materna, que buscaba garantizar acceso médico sin restricciones basadas en creencias religiosas.
Otra iniciativa rechazada fue la protección contra facturación sorpresa en servicios de ambulancia, dejando a pacientes vulnerables a costos inesperados.
Y el llamado “proyecto de uso recreativo del suelo” tampoco logró avanzar este año.
Un cierre que deja preguntas
La sesión termina, pero las consecuencias apenas comienzan.
Leyes más estrictas, decisiones que tocan temas sensibles y una línea clara en muchas áreas: más control, más regulación y menos margen en ciertos derechos.
El tiempo y los ciudadanos tendrán la última palabra.
