La Unión Americana de Libertades Civiles de Tennessee presentó el 1 de abril una demanda formal de investigación ante el Equipo Monitor Independiente que supervisa al departamento de policía de Memphis, argumentando que la intervención policial contra manifestantes durante la marcha No Kings Day del pasado 28 de marzo podría constituir una violación del Decreto de Consentimiento Kendrick, una orden federal vigente desde 1978.
La carta, firmada por Miriam R. Nemeth, directora ejecutiva de la organización, y Lucas Cameron-Vaughn, director legal interino, describe que agentes del departamento de policía de Memphis utilizaron gas pimienta, fuerza física y detención masiva contra marchantes pacíficos y voluntarios de seguridad cuando la manifestación se encontraba a aproximadamente 50 pies de concluir en Robert R. Church Park. El Equipo Monitor Independiente fue designado por un tribunal federal para supervisar el cumplimiento del decreto por parte del departamento de policía de Memphis.
El Decreto de Consentimiento Kendrick es una orden judicial federal, no un conjunto de recomendaciones. Fue aprobado en septiembre de 1978 como resultado de una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles contra la Ciudad de Memphis, luego de que se revelara que el departamento de policía de Memphis había mantenido durante años una unidad de inteligencia doméstica que vigiló a grupos civiles, sindicatos y figuras del movimiento por los derechos civiles, incluyendo al doctor Martin Luther King Jr. durante su última visita a Memphis en 1968. El decreto prohíbe al departamento interferir con los derechos de la Primera Enmienda de la Constitución, incluyendo el derecho de reunión y expresión pacífica.
En 2020, fue actualizado para incluir tecnologías modernas de vigilancia. En 2017, un tribunal federal encontró a la Ciudad de Memphis en desacato al decreto después de que agentes del departamento infiltraron grupos de activistas en redes sociales y elaboraron listas de personas vinculadas a manifestaciones del movimiento Black Lives Matter.
En la carta presentada este martes, la organización argumenta que la conducta del departamento de policía de Memphis el 28 de marzo podría haber violado el decreto en varios puntos. Señala que la intervención policial, ejecutada cuando la marcha concluía sin que mediara una emergencia de seguridad pública, podría constituir interferencia con el ejercicio de derechos protegidos por la Primera Enmienda y tener un efecto disuasivo sobre futuras manifestaciones. La organización también advierte que el decreto exige autorización escrita del director del departamento antes de cualquier operación que involucre el ejercicio de derechos constitucionales, y que no existe indicación pública de que dicha autorización haya sido obtenida.
La Unión Americana de Libertades Civiles de Tennessee presentó seis exigencias concretas al Equipo Monitor. Solicita que se abra una investigación formal sobre la cadena de mando que ordenó el uso de la fuerza; que el departamento de policía de Memphis preserva y entregue todas las grabaciones de cámaras corporales, cámaras vehiculares, comunicaciones de radio, registros de mando y planes operativos del día de la marcha; que se determine si el director del departamento, o un delegado, emitió la autorización escrita requerida; y que se evalúe si la retención o distribución de imágenes o información sobre los participantes viola las restricciones del decreto.
La organización también pide que el Monitor emita un informe público y, si se confirman violaciones, recomiende sanciones al tribunal, incluyendo la posibilidad de iniciar un proceso por desacato.
Esta es la cuarta entrega de Memphis Noticias sobre los hechos del 28 de marzo. En reportajes anteriores, esta redacción documentó las exigencias de los organizadores, el intercambio de comunicados entre la coalición y la Asociación de Policías de Memphis, y la carta del representante estatal Justin J. Pearson al alcalde Paul Young y a la jefa del departamento de policía de Memphis, Cerelyn Davis, en la que exige una investigación independiente. Young colocó a los agentes involucrados en licencia administrativa pendiente de una investigación interna.
Hasta el momento, ni el departamento de policía de Memphis ni la oficina del alcalde han respondido públicamente a la carta de la Unión Americana de Libertades Civiles.
La organización advirtió que recurrirá a todos los recursos disponibles bajo el decreto, incluido el regreso al tribunal, si no se toman acciones inmediatas.
