En el mapa, Mason es solo un punto a 45 minutos de Memphis. Un pueblo pequeño que, de pronto, podría convertirse en el epicentro de un cambio que alcanzará mucho más allá de sus límites. La posible construcción de una instalación del ICE no afectará únicamente a sus 1,300 habitantes; su sombra se extenderá a ciudades como Memphis, Jackson y otras comunidades del oeste de Tennessee, donde miles de familias inmigrantes han echado raíces.
Quienes defienden el proyecto aseguran que traerá empleos y desarrollo, un argumento que toma fuerza si recordamos que el cierre del Centro de Detención del Oeste de Tennessee golpeó duramente la economía local. Ese centro cerró el 30 de septiembre de 2021, cuando su contrato con el Servicio de Alguaciles de EE. UU. no fue renovado, debido a una orden ejecutiva del presidente Biden emitida en enero de 2021.
Esa orden instruyó al fiscal general a no renovar contratos con centros de detención penal privados, con el objetivo de eliminar gradualmente la dependencia de las prisiones con fines de lucro. La razón oficial: estos centros privados suelen ofrecer peores condiciones y menor seguridad que los administrados por el gobierno federal. Sin embargo, para Mason y el condado de Tipton, su cierre significó la pérdida de uno de los principales empleadores y contribuyentes de la zona.
Ahora, con esta propuesta del ICE y la empresa CoreCivic, algunos ven una oportunidad para recuperar empleos. Pero para quienes conocen de cerca la realidad migratoria, la apertura de un centro de detención trae consigo mucho más que cifras. Trae miedo. El miedo de vivir sabiendo que, a pocos kilómetros, hay un lugar donde cualquier error administrativo o una simple parada de tráfico puede terminar en la separación de una familia.
La reciente decisión del gobernador Bill Lee de autorizar a la Guardia Nacional a colaborar con el ICE envía un mensaje claro: Tennessee se encamina hacia una política migratoria más dura. Y si a eso se suma un centro de detención en el corazón del oeste del estado, el impacto será profundo y alcanzará a comunidades que han trabajado por décadas para integrarse y contribuir.
La pregunta, entonces, no es solo si Mason necesita este proyecto. La verdadera cuestión es si como región estamos dispuestos a convertirnos en un punto de referencia para las detenciones y deportaciones. Porque una vez que un centro del ICE se instala, sus efectos se sienten en cada rincón: en los pasillos de las escuelas, en las filas del supermercado y en las calles donde antes reinaba la tranquilidad.
El martes, Mason votará. Pero el eco de esa decisión resonará mucho más allá de sus fronteras. Y cuando lo haga, no solo estará en juego un contrato; estarán en juego la confianza, la seguridad y la esperanza de miles de familias que hoy llaman a esta región su hogar.
