Juez federal bloquea intento de Trump por eliminar ciudadanía por nacimiento

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En un fallo que marca un nuevo revés legal para las políticas migratorias del presidente Donald Trump, un juez federal emitió este jueves una orden de alcance nacional que bloquea de forma preliminar el decreto que buscaba eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.

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El juez de distrito Joseph Laplante, con sede en Concord, Nueva Hampshire, aprobó la solicitud presentada por abogados de derechos migratorios para certificar una demanda colectiva a nivel nacional. La demanda incluye exclusivamente a personas privadas de su ciudadanía, tanto nacidas como por nacer, que serían directamente afectadas por la política impulsada por Trump.

Durante la audiencia, Laplante dejó claro que el caso no representaba una decisión difícil para la corte. “La privación de la ciudadanía estadounidense y un cambio abrupto de una política de larga data… eso es un daño irreparable”, sostuvo con firmeza el magistrado.

El fallo cobra especial relevancia ya que llega apenas semanas después de que la Corte Suprema restringiera la facultad de jueces federales para emitir bloqueos a nivel nacional. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que tales medidas puedan aplicarse a través de demandas colectivas, tal como ocurrió en este caso.

“La ciudadanía estadounidense”, subrayó Laplante, “es el mayor privilegio que existe en el mundo”.

Aunque el juez emitió una orden preliminar que frena la ejecución del decreto de Trump de manera indefinida, anunció que suspenderá su aplicación por unos días, con el fin de otorgar al gobierno tiempo suficiente para apelar su decisión.

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Este nuevo bloqueo judicial representa no solo una victoria para los defensores de los derechos migratorios, sino también una reafirmación del principio de ciudadanía por nacimiento, establecido en la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos.

En momentos en que el discurso político vuelve a centrarse en la inmigración y los derechos constitucionales, el mensaje del tribunal es claro: ni siquiera los más altos poderes del Estado pueden eliminar de un plumazo derechos fundamentales consolidados por generaciones.